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Medio de control de controversias contractuales. Aplicación del principio pro actione. Término de caducidad.
By: System Administrator on mircoles, agosto 19

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD – Aplicación del principio pro actione, por falta de certeza en la fecha en que se debe iniciar a contabilizar el término de caducidad. Para lo cual se ordena continuar con el trámite del proceso.

Lo primero que advirtió el Despacho fue que el contrato se regía por normas de derecho privado y, por tanto, no estaba sometido legalmente a liquidación. No obstante lo anterior, las partes acordaron en el contrato que el mismo se liquidaría de común acuerdo y, de no ser posible, se haría unilateralmente por la entidad.

 

 

En el presente asunto el punto de controversia gira en torno a la fecha que se debe tomar para iniciar el conteo de la caducidad contemplado en el literal j), iii), numeral segundo del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

Lo anterior teniendo en cuenta que el a quo consideró que dicho término debe ser computado seis meses después de la finalización del plazo pactado en el contrato adicional n.° 2 que según el contenido del documento aportado como prueba en el plenario, advertía que el término de ejecución contractual se había prorrogado en 45 días calendario, razón por la cual se previó como fecha de terminación del contrato el 2 de agosto de 2015.

 

Por su parte la sociedad demandante, en el escrito de apelación, resaltó que a pesar de que el contrato adicional n.° 2 en su texto dispuso que la prórroga fue por 45 días, la verdad es que la misma se hizo por 60 días, tal como quedó estipulado en todos los documentos que fueron suscritos a partir del adicional.

 

Tal como se pudo comprobar en la revisión de las pruebas, el texto del contrato adicional n.° 2 dispuso que el término contractual se prorrogaría por 45 días, razón por la cual la fecha de terminación de la ejecución contractual fue el 2 de agosto de 2015. Por el contrario, todos los documentos que fueron suscritos por las partes del contrato a partir del otrosí n.° 2, refirieron que la prorroga acordada en la adición del contrato n.° 2 había sido de 60 días.

 

Resulta pertinente resaltar que en el acta de liquidación del contrato que fue suscrita de común acuerdo por las partes, se consignó que el plazo inicial había sido pactado en 300 días, pero que el plazo final había sido de 819 días, resultado que se obtenía de computar el plazo inicial y el concertado en la adición n.° 2, y en los otrosí 1, 2, 3,4, 6, 7 y 8. Así mismo, al referirse al contrato adicional n.° 2 se consignó que “se amplió el plazo de ejecución contractual en 60 días calendario para la ejecución de dichas actividades adicionales, por lo que la fecha de terminación del contrato sería el 17 de agosto de 2015” (prueba 353 USB).

 

Es evidente la incongruencia que muestran las pruebas aportadas al plenario con la demanda, dado que todos los documentos se encuentran suscritos por las partes del contrato MA-0033425 y tal como se refirió en uno –contrato adicional n.° 2- se dice que la prórroga fue por 45 días y en los demás documentos que se suscribieron a partir del 14 de agosto de 2015, se afirmó que esa prórroga fue de 60 días, caso en el cual el otrosí n.° 2 sí fue suscrito durante la vigencia contractual y tuvo la virtualidad de que todos los acuerdos subsiguientes hubieran sido hechos durante el término de ejecución del contrato.

 

El despacho resalta que con la información que hasta el momento reposa en el plenario no es posible tomar partido por alguna de las dos fechas que pueden ser tomadas en cuenta para iniciar el conteo de la caducidad, razón por la cual considera que resulta pertinente aplazar el estudio de la caducidad para el momento en que se encuentre trabada la Litis y se hayan aportado otras pruebas que permitan dar luces a la controversia que ahora se suscita.

 

Por lo hasta aquí expuesto, el Despacho considera pertinente diferir la decisión de este tópico en aplicación del principio pro acctione mencionado anteriormente, hasta tanto se recaude el material probatorio que permita dilucidar desde qué fecha se debe iniciar el conteo del término de caducidad”.

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