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OFICIO DE INFORMACIÓN – No constituye acto administrativo.
By: System Administrator on martes, julio 14

Contrato de arrendamiento. Obra pública. Silencio administrativo. Equilibrio económico. Incumplimiento contractual. Oficios de información. Legitimación en la causa. Copias simples.

"En este punto la Sala se refiere a dos oficios expedidos por la entidad pública en los que INFORMA a la demandante que NO reconocería los efectos del “silencio administrativo positivo” referido en la escritura pública XXXX y otro en el que se indicó que no era procedente el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones expedidas por la entidad por cuanto “tales decisiones habían dado cierre a la vía gubernativa”, es decir, que la entidad pública únicamente se limitó a recalcar que la vía gubernativa había quedado agotada.

“… la Sala advierte que los oficios reprochados por la parte actora no constituyen actos administrativos, puesto que no contienen una manifestación expresa de la voluntad (…) encaminada a crear, modificar o extinguir una determinada situación jurídica de la sociedad XXXX, ni plasman decisiones de fondo sobre la controversia expuesta por la sociedad arrendataria.

Como lo ha recalcado la jurisprudencia:

 

Es pertinente recordar que el acto administrativo es una manifestación de voluntad de la administración, capaz de producir efectos en derecho, consistentes en crear, modificar o extinguir una situación jurídica de carácter general o particular[11].

 

Así, para que el pronunciamiento de la administración constituya o configure acto administrativo debe producir efectos jurídicos directos para el administrado. La doctrina explica esta característica y la expone como elemento fundamental del acto administrativo, al referir:

 

[P]uede atacarse mediante un recurso administrativo o acción judicial aquel acto de la administración que sea apto para producir efectos jurídicos inmediatos respecto del impugnante; todo acto de la administración (o no) que de suyo no sea apto para producir efectos jurídicos, no es todavía directamente impugnable en cuanto a su validez: la noción de acto administrativo debe entonces recoger ese principio y restringirse a aquellos actos aptos para producir efectos jurídicos directos, en forma inmediata.

 

Si dijéramos simplemente que es una declaración que produce efectos jurídicos, estaríamos abarcando los casos en que el efecto jurídico surge indirectamente del acto (…).

 

Es esencial, pues, al concepto de acto administrativo, que sea apto para producir efectos jurídicos inmediatos, es decir, apto para que surjan del acto mismo, sin necesidad de ninguna otra manifestación o comportamiento administrativo (…).

 

En otras palabras, ‘Los efectos jurídicos han de emanar directamente del acto mismo: sólo entonces son inmediatos’[12]; no basta con decir que la actividad es jurídicamente relevante, o que produce efectos jurídicos ya que siempre es posible que surja, en forma indirecta o mediata, algún efecto jurídico: debe precisarse que el efecto que el acto es apto para producir debe ser directo e inmediato, surgir del acto mismo y por sí sólo, para que la clasificación tenga entonces un adecuado sentido jurídico preciso[13].

 

En contrapartida, cuando la manifestación de la autoridad administrativa no tiene incidencia alguna en su relación jurídica con el administrado o en la situación de este último frente al ordenamiento jurídico, “el acto resultante configura un mero pronunciamiento administrativo carente de presunción de legitimidad y ejecutoriedad”[14].

En el caso concreto, lo señalado por la Secretaría General de la XXXX en el oficio N° XXXX no podía generar efecto jurídico alguno respecto de la petición de la sociedad arrendataria, pues solo hizo referencia a que la entidad atendió las solicitudes presentadas por la hoy demandante (…), razón por la cual no era de recibo la manifestación hecha en la escritura pública N° XXXX, sobre la supuesta configuración del silencio administrativo positivo a partir de tales peticiones.

Adicionalmente, la entidad informó sobre la cesión del contrato a la sociedad Opain S.A.

Luego, el oficio mencionado se limitó a señalar una información que no resolvía de fondo la cuestión relativa a la posibilidad de construir la vía reclamada por la parte demandante, mientras que sí recalcaba que ese aspecto había pasado a ser competencia de la firma cesionaria del contrato”.

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