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SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. No convalida situaciones irregulares. No sustenta pretensiones del contratista que no se ajusten a derecho – No es constitutivo de derechos inexistentes.
By: System Administrator on martes, julio 14

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – Requisitos para su configuración – Se sujeta al principio de legalidad – No convalida situaciones irregulares – No sustenta pretensiones del contratista que no se ajusten a derecho – No es constitutivo de derechos inexistentes.

La institución del silencio administrativo positivo, hoy regulada por los artículos 84 y 85 de la Ley 1437 de 2011[5], estaba prevista en los artículos 41 y 42 del Código Contencioso Administrativo, en la época de los hechos”.

En materia contractual, la ley establece la configuración del silencio administrativo positivo cuando el contratista, en el término de ejecución del contrato, presenta solicitudes ante la administración y esta no se pronuncia en un plazo de tres meses, evento en el cual se entiende que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante”.

“No obstante, la figura del silencio administrativo positivo no fue concebida por el legislador para subsanar o convalidar situaciones irregulares ni para instituir a favor del contratista derechos inexistentes, pues las actuaciones enmarcadas en él  deben ajustarse al principio de legalidad, dado que no son ajenas a este, como tampoco al deber de obrar bajo los postulados de la buena fe, principio expuesto en el artículo 83 de la Constitución Política[6] y exigible en la actividad contractual del Estado[7] y de los particulares[8], en la cual no basta con la buena fe subjetiva, sino que debe atenderse al principio de la buena fe objetiva[9]. En ese sentido, es claro que la figura del silencio administrativo positivo no está prevista para dar cabida a cualquier pretensión del contratista, menos cuando sea contraria al ordenamiento y extraña al objeto del contrato y a sus propias obligaciones contractuales”.

“... la Sala advierte, en primer término, que las comunicaciones presentadas por la arrendataria el 19 de mayo y el 12 de junio de 2003 fueron objeto de pronunciamiento por parte de la XXXXX, y si bien, en tales manifestaciones de la entidad no se adoptaron decisiones definitivas sobre las pretensiones de la hoy demandante, sí se brindaron respuestas expresas y concretas, con la emisión del concepto técnico favorable por parte de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria –el 3 de junio de 2003- y con la indicación de que, en todo caso, los proyectos propuestos por XXXXX. se encontraban en estudio en varias dependencias de la XXXX Por tanto, mal podría concluirse que esa circunstancia diera lugar al silencio administrativo positivo, bajo los presupuestos excepcionalmente establecidos por el legislador en la norma citada, cuando la entidad estatal sí se pronunció sobre las peticiones de la demandante y dio trámite a las mismas, informándolo así a la parte interesada.

Debe recalcarse que el silencio administrativo positivo en materia contractual no se configura cuando la autoridad estatal no acoja la solicitud del contratista, sino cuando guarde silencio, se abstenga de dar respuesta, lo haga de manera extemporánea u omita notificar la decisión, situaciones estas que configuran conductas arbitrarias de la autoridad[10], contra las cuales, justamente, el legislador instituyó figuras como la aquí analizada.

Ahora, la comunicación del 12 de junio de 2003 no fue una petición encaminada a desarrollar el objeto del contrato de arrendamiento N° XXXXX, ni a obtener el permiso para construir la vía de comunicación prevista en el parágrafo séptimo de la cláusula décima segunda, sino que con tal misiva se pretendió insistir en que la Aerocivil autorizara la construcción de la calle de rodaje junto con la plataforma adyacente al edificio arrendado, así como la realización de otras obras no previstas en el negocio jurídico.

Así entonces, dado que los aspectos solicitados por la arrendataria eran totalmente ajenos al contrato de arrendamiento, en manera alguna la escritura pública N° XXXX podía servir como título para tener por acogidas sus peticiones, menos aun cuando, además, varias de las obras propuestas –con inclusión de la mencionada calle de rodaje o vía de carreteo-, siendo de interés para el servicio de la Aerocivil, estaban sujetas a las reglas de selección y contratación previstas en la Ley 80 de 1993, de manera que no podían ser encomendadas ni autorizadas de manera directa a la sociedad hoy demandante, mucho menos –reitera la Sala- en el marco de un contrato de arrendamiento”.

Consejo de Esatdo. Contrato de arrendamiento. Obra pública. Silencio administrativo. Equilibrio económico. Incumplimiento contractual. Oficios de información. Legitimación en la causa. Copias simples.

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