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Corte Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018.
By: System Administrator on viernes, mayo 17

Ver texto completo de la sentencia C-207-19

En rueda de prensa del 16 de mayo de 2019, la Corte Constitucional indicó:

- la Corte condicionó la norma de infraestructura (Art. 20. Ley 1882 de 2018), en el entendido que los inversionistas de mala fe no recibirán devoluciones como consecuencia de la nulidad de un contrato.

- La Corte revisó en su integridad el artículo 20 de la Ley 1882, salvo un inciso del parágrafo 2.

- La Corte condicionó la norma y protege a los inversionistas, al sistema financiero y acreedores de buena fe.

- Se declararon inexequibles algunos apartes de la norma que establecían la obligación del Estado de asumir las multas que impone el sistema financiero (contratos de crédito o contratos financieros) por la terminación anticipada del contrato.

- En virtud del principio de moralidad administrativa, se declararon inexequibles aquellos apartes de la norma que partían de la base del reconocimiento de indemnizaciones a contratistas de mala fe.

- Para excluirse de la aplicación de la norma, debe desvirtuarse la presunción de buena fe del contratista e inversionista. El juez del contrato tendrá que revisar cada caso específicamente.

- En atención a que "la corrupción no genera derechos" y que el objeto de la norma es favorecer la inversión generando seguridad jurídica, esta protección aplica únicamente para aquellos que actúen en derecho y de buena fe (subcontratistas, trabajadores, inversionistas, entre otros).

- La decisión tiene salvamentos de voto.

Fuente: Rueda de prensa Corte Constitucional. No se ha publicado comunicado de la Corte Constitucional ni el texto de la sentencia.

La Procuraduría General de la Nación indicó:

"La Corte Constitucional acogió la solicitud de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, y cerró la puerta a indemnizaciones para contratistas de las Alianzas Público Privadas - APP-, que sean declaradas nulas por causas relacionadas con conductas ilícitas.

Los jefes de los entes de control destacaron la advertencia de la Corte, según la cual la corrupción no genera derechos y calificaron la sentencia como una herramienta eficaz en la lucha que adelantan las instituciones contra el flagelo de la corrupción.
 
“Agradecemos a la Corte Constitucional por ayudarnos a cuidar el patrimonio de los colombianos, con fallos que respaldan la lucha contra la corrupción que tanto aqueja a nuestro país, y, sobre todo, por eliminar la posibilidad de hacer reconocimientos y devoluciones de gastos a inversionistas de mala fe”, sostuvo el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien adelanta una vigilancia sobre el programa de las 4G, que contempla una inversión de 47 billones de pesos, en ejecución desde 2012.
 
Para el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, “resultaba inexplicable y una vergüenza que el Estado, es decir todos los colombianos, tuviéramos que indemnizar a unos corruptos que operan como multinacionales del delito para defraudar las arcas públicas, como podría haber ocurrido en el caso de Odebrecht, una multinacional que tenía un código de ética que facilitaba prácticas que llegaban a ser delitos como el soborno o el fraude”.
 
Córdoba Larrarte y Carrillo Flórez destacaron, además, que la Corte diferenciara entre los inversionistas de buena fe y los contratistas que actuaron y actúen de mala fe o de manera dolosa en la comisión de ilícitos o actos de corrupción que hubieren dado lugar a la nulidad de contratos de Alianza Público Privada, especialmente de grandes proyectos de infraestructura".
 
Fuente: Procuraduría General de la Nación.
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