“… el contratista estatal persona natural que se encuentre ejecutando un contrato con una entidad estatal y su hermano sea nombrado contralor en la misma entidad, estará incurso en una inhabilidad sobreviniente y, por tanto, según lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, deberá ceder el contrato, si la entidad estatal lo autoriza por escrito o, en caso contrario, tendrá que renunciar a la ejecución del contrato.”
“… si bien la información sobre situaciones de control no constituye un requisito habilitante en sí mismo, si constituye un insumo necesario para verificar la capacidad jurídica del proponente, en particular para confirmar la inexistencia de inhabilidades como las previstas en los literales j) y k) del numeral 8.1 del EGCAP. En ese orden, aunque la obligación de verificación establecida en el Decreto 1600 de 2024 es obligatoria únicamente para las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva, las demás entidades estatales también deben verificar las situaciones de control de los proponentes en sus procesos de contratación, en la medida en que esta información es necesaria para prevenir inhabilidades y conflictos de interés.”
“A modo de ilustración es importante señala que, puede el representante legal de un acueducto veredal ser servidor público – lo cual dependerá de la naturaleza juridica de la empresa que preste el servicio y el tipo de vinculación que tenga el representante legal, por lo cual existiría una inhabilidad para celebrar un contrato de prestación de servicios, conforme al artículo 128 de la Constitución Política y al literal f) numeral artículo 8 de la Ley 80 de 1993”.
“… en la actualidad el pliego de condiciones, como norma reguladora del proceso de selección, ha cesado en sus efectos jurídicos, toda vez que el procedimiento precontractual ya concluyó. En consecuencia, la solicitud de suspensión provisional formulada carece de objeto y, por tal motivo, ha ser denegada. Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que lo decidido en la presente oportunidad en nada obsta para que, al momento de emitir sentencia, se examine la legalidad de los apartados cuestionados del pliego de condiciones, acto precontractual que, conforme con lo dispuesto por la Sección Tercera de esta Corporación, puede ser impugnado a través del medio de control de nulidad simple26, como ocurrió en este asunto.””
“… debe precisarse que, en caso de que la persona a la cual se le haya impuesto como medida correctiva el pago de multas y esta se encuentre en mora por un término de seis (6) meses, el numeral 4 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, establece como consecuencia de dicha mora en el pago, que “hasta tanto no se ponga al día la persona no podrá: […] Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado”. Entonces se constituye, lo anterior, como una causal de inhabilidad prevista en la ley para celebrar o renovar contratos con las entidades públicas.”
“… la entidad que va a contratar a una persona y el objeto contractual, independiente de la modalidad de selección, deberá revisar si el objeto contractual implica una interacción frecuente y personal con menores de edad, para exigir el registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad, teniendo que el término de esta inhabilidad es definido por el juez como pena accesoria con fundamento en el inciso primero del artículo 51 de la Ley 599 de 2000, la cual se contabiliza una vez se cumpla la pena principal.”
“… la entidad contratante tiene el deber de identificar cualquier conducta que pueda llegar a tener la connotación de un conflicto de interés, producto de la concurrencia de intereses antagónicos en el contratista que presta los servicios en una entidad y que afecten la transparencia de las decisiones que le competen o lo lleven a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés público.”
“Con respecto a la causal f), quien pretenda suscribir el contrato de interventoría incurrirá en esta causal cuando haya sido servidor público en cargos del nivel directivo de la entidad contratante.”
“… en materia de seguridad social, debe distinguirse entre las obligaciones frente al Sistema General de Pensiones y aquellas correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En relación con el primero, la obligación de cotizar cesa cuando el afiliado accede a la pensión por invalidez, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 797 de 2003; en consecuencia, una persona pensionada por invalidez que celebre un contrato de prestación de servicios no está obligada a realizar aportes al Sistema General de Pensiones durante la ejecución del contrato.
Distinto ocurre respecto del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues los contratistas de prestación de servicios son considerados trabajadores independientes y, como tales, deben afiliarse y cotizar al régimen contributivo en calidad de cotizantes, siempre que perciban ingresos iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente….”
“De acuerdo con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la contratación estatal, el parentesco es causal de inhabilidad para celebrar contratos respecto de la persona que quiere ser contratista y su vínculo con servidores públicos que ejercen los cargos que señala la Ley 80 de 1993, dentro de la misma entidad contratante.”
