“… “Para dar respuesta al problema jurídico, es importante indicar, que los reportes negativos en el Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR) y en los distintos certificados de antecedentes exigidos por la ley no constituyen, en todos los casos, una inhabilidad o impedimento legal automático para la celebración de contratos con entidades estatales. No obstante, la inclusión en el SIBOR como consecuencia de un fallo en firme y ejecutoriado, que implique responsabilidad fiscal, sí configura una inhabilidad legal para contratar con el Estado, en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el cual se mantiene vigente mientras subsista el reporte y no se haya acreditado el pago de la obligación o bien la exclusión de dicho boletín.
Por otro lado, en cuanto a los antecedentes disciplinarios y judiciales, es necesario precisar que estos…”
“… la inhabilidad para contratar con el Estado que se deriva de una sanción disciplinaria es de carácter legal, autónoma y temporalmente delimitada, en los términos del literal d) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, esto es, cinco (5) años contados desde la ejecutoria del acto sancionatorio, sin perjuicio de que subsistan otras inhabilidades de naturaleza distinta, como la inhabilidad general para ejercer función pública.” “…aunque la inhabilidad para contratar con el Estado prevista en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 se extinga a los cinco (5) años contados desde la ejecutoria del acto sancionatorio, la inhabilidad general subsiste para aquellos contratos que impliquen el ejercicio de función pública.”
“No existe restricción de orden legal o reglamentario, o causal de inhabilidad o incompatibilidad que prohíba la celebración de dos o más contratos de prestación de servicios con diferentes entidades estatales, o con una entidad estatal y una Entidad Sin Ánimo de Lucro, que tiene un contrato o un convenio con la con esa misma entidad.”
“En principio, no existe una inhabilidad que impida que dos personas jurídicas que tengan un socio en común, participen simultáneamente en un proceso de Se descarta en este supuesto de inhabilidades como la contemplada en literal g) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la cual es aplicable a personas naturales oferentes con vínculos de parentesco —cónyuges o compañeros permanentes, o parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad— con otros oferentes que se presentan al mismo proceso. Esto en la medida en que, el supuesto de hecho de la inhabilidad descrita está dirigido a quienes tienen una relación de parentesco con otro oferente, en los grados indicados en la norma, lo que la hace inaplicable a personas jurídicas quienes no tienen relaciones de parentesco.”
Respecto al vínculo de Parentesco en primer grado de afinidad, el Código Civil en sus artículos 48 y 49, define este, como el que surge entre una persona y los parientes consanguíneos de su cónyuge o compañero permanente, que a la luz del artículo 8 ibidem, se encuentra dentro de las categorías y los tipos vinculo bajo la limitación de la inhabilidad. “… al coexistir un parentesco por afinidad en primer grado entre la aspirante a contratista y una funcionaria del nivel directivo, la contratación está legalmente prohibida. Celebrar dicho contrato acarrearía su nulidad absoluta y podría generar investigaciones disciplinarias y fiscales para los involucrados”.
“… en los procesos donde el RUP es requisito indispensable, su sola presentación puede no ser suficiente para acreditar integralmente la capacidad jurídica del proponente, especialmente frente a la ausencia de inhabilidades o incompatibilidades u otras circunstancias no consignadas en el registro.”
“… se configura una prohibición expresa para contratar con el Estado cuando existe parentesco en los grados señalados con la persona que ejerce el control interno o fiscal de la entidad contratante. Esta restricción tiene como finalidad preservar la transparencia, la imparcialidad y la moralidad en la contratación pública, conforme al principio de legalidad y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley.”
““Revisadas las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, para celebrar un contrato de obra pública con una persona natural o jurídica que en la misma entidad contratante tiene suscritos y vigentes contratos de otras tipologías contractuales como prestación de servicios, o consultoría o interventoría no se encuentra una causal de inhabilidad que limite de la capacidad legal para celebrar el contrato de obra con la entidad estatal como encargada del proyecto”.
“… el contratista estatal persona natural que se encuentre ejecutando un contrato con una entidad y al cual se le haya condenado mediante sentencia judicial a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas estará incurso en una inhabilidad sobreviniente. Por tanto, según lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, deberá ceder el contrato, si la entidad estatal lo autoriza por escrito o, en caso contrario, tendrá que renunciar a la ejecución del contrato.”
“Esta causal está dirigida a evitar que un mismo proponente presente de manera individual más de una propuesta o haga parte en más de una oferta para un mismo proceso de contratación. Por lo tanto, para que opere la causal, debe tratarse de un proponente persona natural o jurídica, o de un integrante de un proponente plural [consorcio o unión temporal], de manera que, stricto sensu, no resulta aplicable cuando se trate de supuestos en los que un proponente tiene algún tipo de relación societaria o parentesco frente a otro oferente, tenido en cuenta la interpretación restrictiva que se predica de las causales de rechazo, sin perjuicio de que, eventualmente, resulte aplicable otra causal de rechazo, o alguna de las inhabilitades e incompatibilidades señaladas en la ley.”
