A su turno, teniendo en cuenta que la Entidad Estatal solo efecturá correcciones ariméticas en dos (2) supuestos señalados en el numeral 4.1.2 del documento base, el valor que aquella debe tener en cuenta y que prevalece cuando se haya efectuado una corrección aritmética, será, en todo caso, el que resulte de esta operación, en alguna de esas situaciones.
En el presente asunto, no se identifica una disposición normativa que precise si el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia se encuentra adscrito o vinculado a una entidad estatal con personería jurídica. En caso de existir dicha adscripción o vinculación a un Ministerio o Departamento Administrativo, corresponderá a esa entidad, en representación del Consejo Profesional, suscribir los contratos y convenios, conforme a los términos y límites establecidos en la Ley 996 de 2005
El ámbito material de la prohibición contenida en el artículo 33 de la ley 996 de 2005 está delimitado por la expresión “queda prohibida la contratación directa”, por lo que excluye las demás modalidades de contratación previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, la selección abreviada y el concurso de méritos u otros previstos en normas especiales.
Finalmente, la prohibición de la Ley de Garantías recae sobre la celebración de nuevos contratos, no sobre la ejecución de pagos de obligaciones adquiridas con anterioridad al inicio del periodo restrictivo. El concepto de “celebrar” se refiere al perfeccionamiento del contrato, que ocurre cuando hay acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y este se eleva a escrito. No se refiere a los actos de ejecución, como los pagos, por ello, si la obligación de pago (inscripción, publicación, tasa) se generó antes del inicio de la Ley de Garantías, el pago durante dicho periodo es procedente y legal, pues corresponde a la ejecución de un compromiso ya adquirido, si la decisión de contratar el servicio se toma durante la vigencia de la Ley de Garantías, se estaría celebrando un nuevo contrato directo, lo cual está prohibido.
“En segundo lugar, tratándose de entidades exceptuadas, debe resaltarse que, aunque estas cuentan con regímenes especiales de contratación, no están desligadas de los principios constitucionales de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, ni de los principios de la contratación estatal —transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva—, en tanto poseen carácter transversal. En consecuencia, si bien el tratamiento de los errores mecanográficos se rige por las disposiciones propias de cada régimen especial, ello no las exonera de aplicar dichos principios, lo que implica que este tipo de errores, siempre que no sean sustanciales, no pueden erigirse como causal automática de rechazo de la oferta.”
“… la entrega posterior del comprobante de pago se enmarca en la regla general de subsanabilidad, siempre que la póliza haya sido expedida y se encuentre vigente antes del cierre del proceso. En consecuencia, salvo que la ley o el pliego de condiciones hayan previsto de manera expresa, razonable y proporcional el pago de la prima como causal autónoma de rechazo, lo cual es de interpretación restrictiva, la ausencia inicial de dicho soporte no constituye fundamento jurídico suficiente para rechazar la oferta.”
“Para el ejercicio de estas potestades, la entidad debe adelantar un procedimiento administrativo que observe los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y contradicción, el cual comprende, entre otros aspectos, la citación al contratista a audiencia con la formulación expresa y detallada de los hechos que sustentan la actuación, la indicación de las normas o cláusulas presuntamente vulneradas, la concesión de un espacio efectivo para la presentación de descargos y la solicitud, aporte y contradicción de las pruebas pertinentes, así como su valoración objetiva. El procedimiento culmina con la expedición de un acto administrativo debidamente motivado, mediante el cual se decide de manera expresa sobre la imposición o no de las sanciones contractuales correspondientes.”
“… si dentro de ese término la sociedad inscribió válidamente la experiencia del socio minoritario y mantuvo vigente, garantizando una renovación oportuna de RUP, dicha experiencia se entiende incorporada de la persona jurídica y puede seguir siendo acreditada aun cuando el socio fallezca después de cumplidos los tres años de constitución, pues no se está ante una nueva transferencia de experiencia sino de la conservación de una situación jurídica consolidada y amparada por la firmeza del acto de inscripción inicial.”
“En síntesis, la pretensión de obtener el pago de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra, debido al impacto que en la ejecución del contrato habrían tenido las lluvias, el cambio de las especificaciones técnicas del pavimento y las medidas adoptadas con ocasión de la pandemia del COVID-19, no es de recibo. Su improcedencia no se explica porque esos eventos fueran previsibles o imputables al Consorcio, sino porque, aun si se calificaran imprevistos, sobrevenidos en la ejecución del contrato y ajenos al contratista, los efectos que generaron fueron objeto de acuerdo por las partes en términos de plazo y precio”.
No es de recibo el argumento que EPM obró de manera irrazonable al negar, una última prórroga. En primer lugar, por cuanto la sola expectativa del contratista o la existencia de gestiones preliminares no generan un derecho adquirido a nuevas extensiones. En segundo término, porque para esa fecha ya se había consolidado un incumplimiento grave y reiterado. La entidad no estaba obligada a seguir prolongando el vínculo contractual en esas condiciones que lesionaban sus intereses. El deber de mitigación del daño no exige a la entidad asumir nuevas prórrogas inciertas, sino adoptar una solución razonable y segura, como lo fue acudir a un tercero idóneo para culminar las obras en condiciones controladas.
Marzo/2026. “En atención a que el proyecto de fallo del expediente de la referencia fue sometido a revisión y votación por la Sala Plena, con la participación de dos conjueces, el pasado 25 de febrero de 2026, pero no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación, se dispone su remisión a la Secretaría General de […]
