La experiencia exigible para las actividades principal y secundaria, debe ser definida en función de los rangos de cuantías aplicables al respectivo proceso de contratación. En todo caso, la entidad contratante no puede incluir más de 2 combinaciones de experiencia adicionales a la prevista para la actividad principal.
La planeación es una herramienta de gerencia pública, la cual exige estructurar el proceso contractual dedicando tiempo y esfuerzos para elaborar estudios previos. Lo anterior, con la finalidad de determinar la necesidad que pretende satisfacer y cuál es la mejor manera de hacerlo, consultando el tipo de bienes y servicios que ofrece el mercado y cuáles son sus características, especificaciones, precios, costos, riesgos, garantías, disponibilidad, oferentes, etc., que conlleven a una diligente escogencia de la mejor oferta para beneficiar los intereses y fines públicos inmersos en la contratación de las entidades estatales.
“… la Matriz 1 – Experiencia – Documento tipo de mínima cuantía de infraestructura de transporte – versión 2, no incluye una actividad que de manera directa se relacione con la construcción y/o mantenimiento de paraderos. En estos casos, la entidad tendrá que definir la experiencia a solicitar para este objeto y podrá usar los documentos tipo como una buena práctica en la contratación.”
“En particular, cada Entidad Estatal deberá realizar el correspondiente análisis para determinar si aplica o no una determinada excepción a la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales, según la situación fáctica y jurídica particular del caso concreto, para lo cual las consideraciones expuestas en el presente concepto constituyen un instrumento orientador. De ser es procedente la excepción, la entidad podrá realizar la contratación directa justificando las razones que avalan su procedencia. Por el contrario, si el estudio determina que no aplica excepción alguna estará vedada la celebración de contratos de manera directa. Lo anterior, sin perjuicio de la prohibición establecida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías Electorales.”
“… la circunstancia de que una entidad pública se rija por un régimen especial de contratación o por normas de derecho privado no la excluye, por sí misma, del ámbito de aplicación de las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005, pues el riesgo de interferencia indebida en los procesos electorales puede presentarse con independencia del régimen jurídico aplicable a sus actos contractuales.”
“las restricciones del artículo 33 y del parágrafo del artículo 38 de la Ley están en curso, de tal manera que los gobernadores, secretarios, gerentes y directores de las entidades del orden municipal, departamental o distrital no podrán no solo celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos sino también tiene prohibido celebrar cualquier contratación directa.”
“… una persona natural solo deberá estar inscrita en el registro mercantil, en cumplimiento de un deber comercial, cuando realice alguna actividad comercial profesional de manera habitual, y no por el hecho de participar en procesos de contratación. Por consiguiente, en los procesos de contratación pública, no se requiere que una persona natural de profesión liberal esté inscrita en el registro mercantil, puesto que este no otorga ni acredita la capacidad jurídica para adquirir obligaciones.”
“… la acreditación de experiencia a la que hace referencia este literal [I], es la relacionada con la Interventoría a la Fase de Ejecución de las Obras, toda vez que las demás fases o etapas corresponden a actividades que no se relacionan directamente con la construcción o con la correspondiente interventoría del proyecto.”
“… es importante precisar que la libertad reglamentaria de la actividad contractual a través de los manuales de contratación, no es absoluta, toda vez que, las entidades con un régimen especial, como es el caso de las universidades estatales, deben hacerlo respetado la reserva legal de la que gozan ciertas materias.”.
“la decisión de pactar este tipo de mecanismo o de incluir el AIU en los contratos de prestación de servicios, al igual que la metodología de delimitación de sus variables –ítems y porcentajes–, debe obedecer a un juicioso análisis de oportunidad y conveniencia, que consulte las reglas de la experiencia, así como los aspectos particulares de cada negocio. Lo anterior en armonía con la garantía de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, dentro de los cuales se halla el principio de economía, postulado que exige la optimización de los recursos públicos.”
