Para determinar la responsabilidad fiscal, tendrá que establecerse si existe daño como fenómeno objetivo (lesión) sobre bienes, recursos públicos o intereses patrimoniales del Estado (objeto de la lesión), que puede consistir en un menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro (contenido de la lesión).
“… la Contraloría no puede decidir ni ordenar a los sujetos de control cómo deben disponer a priori de los recursos del Estado, ya que, su función de vigilancia y control fiscal es en esencia posterior y selectiva y, excepcionalmente, preventiva y concomitante, lo cual, no implica coadministración y se da en unos términos muy concretos establecidos en la ley tal y como lo señala el artículo 267 de la Constitución Política, con su modificatoria.”
“… las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales ejercen control sobre la gestión fiscal adelantada por dichas entidades territoriales, sus entidades descentralizadas y los particulares que recauden, administren o destinen recursos y bienes públicos de ese mismo orden.”
A partir del Acto Legislativo 04 de 2019, se fortaleció el régimen constitucional y legal para la vigilancia y control fiscal. En el artículo 267 constitucional se estableció el control concomitante y preventivo, exclusivo, de la Contraloría General de la República, como complemento al control posterior y selectivo, a efectos de garantizar la defensa y protección del patrimonio público. En dicho apartado constitucional, se indicó igualmente que el control concomitante y preventivo no supone una coadministración, toda vez que se realiza en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos.
Si un acta de entrega, que no constituyó acta de entrega a satisfacción sino una mera entrega de la tenencia en el estado en el que se encontraba y en calidad de cuerpo cierto, sustituye la orden legal.
El supervisor del contrato no ejecuta su función de control y vigilancia del contrato estatal al omitir informar sobre hechos que presuntamente son constitutivos de corrupción, lo que puede llegar a ocasionar un daño patrimonial a los recursos públicos, por lo que, de evidenciar esto, el ente de control fiscal iniciará un proceso de responsabilidad fiscal.
“El proceso iniciado conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para que las entidades puedan declarar el incumplimiento contractual, hacer efectivas las multas y la cláusula penal pactada en los contratos estatales, no impide que la Contraloría pueda adelantar control fiscal sobre esa misma contratación pública. En caso de configurarse un hallazgo administrativo con incidencia fiscal, este podrá remitirse para la apertura del proceso correspondiente, donde eventualmente podrá declararse la responsabilidad fiscal si se configuran todos los elementos requeridos para el efecto.”
La responsabilidad fiscal es de naturaleza administrativa, patrimonial y resarcitoria, dado que se orienta a proteger el patrimonio público y recuperar los recursos del Estado.
“La construcción de hallazgos con connotación fiscal, derivados de sobrecostos y/o pagos de AIU que superen los porcentajes establecidos en la etapa precontractual, pueden tener su soporte técnico en el uso de herramientas tecnológicas necesarias, que ayuden al equipo auditor a identificar los estudios de mercado, que contengan las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar de las cotizaciones que dieron origen al contrato.”
Toda la actividad contractual estatal, entendida como documentos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y poscontractual, debe estar debidamente publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) o en la plataforma transaccional que haga sus veces.
