“El control preventivo y concomitante es procedente de forma excepcional a la contratación pública cuando así lo disponga el Contralor General de la República, atendiendo los criterios y procedimientos establecidos en la ley y el reglamento.”
La “… función fiscalizadora no se limita por la naturaleza o la forma de constitución de un sujeto, sino que se proyecta sobre el capital público invertido en las entidades particulares y por ende abarca el patrimonio de la sociedad participada, esto con independencia de si la inversión se efectuó en forma directa o a través de otra sociedad con participación pública”.
“Cada uno de estos hallazgos acorde con su incidencia será traslado a la dependencia de la CGR que corresponda y a la entidad competente para su trámite, tal y como lo determina la Constitución Política, la Ley y las guías de auditoría.”
“No había lugar a establecer responsabilidad fiscal en cabeza de la sociedad XXX puesto que no se demostró que contribuyó de manera directa en la pérdida de recursos públicos o que su acción u omisión hubiera sido determinante para la causación del daño patrimonial.”
“Siempre que se respeten las disposiciones y requisitos de orden constitucional, el Estado puede invertir recursos públicos en bienes particulares utilizando figuras jurídicas como el arrendamiento, el comodato, el usufructo, etc., para lo cual, dependiendo del caso, deberá atender a disposiciones tales como las consignadas en el Código Civil.”
Las sociedades extranjeras que se encuentran en ejercicio de gestión fiscal de recursos públicos o en cumplimientos de funciones especiales del estado, por la suscripción de contratos, son susceptibles del ejercicio de vigilancia y control fiscal por parte de la contraloría, respecto del contrato, las funciones y la ejecución de recursos públicos. En los demás aspectos societarios y mercantiles estas son sujeto de vigilancia de la Superintendencia de Sociedades”.
“Tal como se evidencia en la norma y jurisprudencia citadas, la urgencia manifiesta se debe declarar mediante acto administrativo motivado, el cual, debe demostrar la necesidad que tiene administración de recurrir a este mecanismo de contratación ya que “esta figura tiene un régimen jurídico especial, pues es el único caso en que el legislador permite expresamente el contrato consensual (…) Se hace entonces evidente la prevalencia del interés general, en este caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, pues el régimen jurídico cede ante situaciones excepcionales con el fin de permitir que las soluciones se den en el menor tiempo posible”.
“… la unión temporal no puede celebrar el contrato estatal, no porque la inhabilidad se extienda a los demás integrantes, sino porque uno de sus miembros carece de capacidad jurídica para contratar, lo que impide la conformación válida del proponente plural. En efecto, la participación en una unión temporal exige que todos sus integrantes sean jurídicamente hábiles, de modo que la inhabilidad de uno de ellos compromete la viabilidad jurídica de la propuesta en su conjunto.”
¿El rector o directivas de una universidad pública puede incurrir por acción u omisión en conductas que puedan conducir al inicio de procesos de responsabilidad fiscal?, y, II. ¿Cuándo un docente de tiempo completo de una universidad pública, simultáneamente es docente de tiempo completo en una universidad privada con carga de 40 horas semanales en ambas instituciones educativas, no puede cumplir totalmente con sus 40 horas semanales de trabajo en la universidad pública, se constituye en detrimento patrimonial para el erario público?
Para determinar la responsabilidad fiscal, tendrá que establecerse si existe daño como fenómeno objetivo (lesión) sobre bienes, recursos públicos o intereses patrimoniales del Estado (objeto de la lesión), que puede consistir en un menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro (contenido de la lesión).
