“… es plausible que los interventores sean llamados a responder en un proceso de responsabilidad fiscal, para lo cual, siempre deberá examinarse el caso en concreto, revisando las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría y el contrato sobre el cual ejerce la interventoría.”
“En lo referente a la obligación del contratista de demostrar la causación de los imprevistos, para solicitar su reconocimiento y pago, este órgano de control fiscal se encuentra trabajando en una nueva postura institucional de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, que busca establecer que, al ser independiente y cumplir una función diferente, el componente de Imprevistos sí debe ser demostrado, puesto que la apropiación del mismo, sin justificación técnica, táctica o contractual, iría en contra de los principios de buena fe y equidad en la contratación estatal, así como del ordenamiento jurídico vigente.”
La Contraloría no puede establecer vetos o aprobaciones previas que indiquen cómo el sujeto de control debe manejar los recursos, ya que ello sería coadministrar, lo que le está prohibido.
“… la norma, solo exige para la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, la existencia de un daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles autores del mismo y que solo ante la falta de certeza de estos dos elementos, lo procedente es iniciar el trámite de una indagación preliminar.”
El daño patrimonial del Estado tuvo como una de la causa directa y eficiente el manejo indebido en la administración e inversión del anticipo y su legalización y no los actos previos de entrega del mismo. En este sentido, el debate en torno a las irregularidades en la entrega del anticipo no desvirtúa el fallo con responsabilidad fiscal ni las razones aducidas por la Contraloría General de la República en los actos demandados.
“… atendiendo a la finalidad de las normas —Decreto Ley 663 de 1993, Decreto 115 de 1996, Decreto 1068 de 2015— y a los mecanismos legales y presupuestales vigentes, se entiende que es incompatible el trámite de vigencias futuras con el proceso de liquidación de una empresa de servicios públicos domiciliarios, dado que el objetivo de la liquidación es cerrar operaciones y saldar pasivos existentes, y no ejecutar nuevos proyectos o inversiones que no estén directamente relacionadas con el proceso liquidatorio.”
“Indudablemente, los tres elementos son indispensables para el establecimiento de la responsabilidad fiscal, pero el daño resulta de mayor relevancia, pues es a partir de la existencia del mismo que se concretan los otros elementos para determinar si hay lugar a la responsabilidad fiscal, la cual tiene como propósito esencial la reparación o resarcimiento al erario, según lo definido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.”
“Si bien es cierto no hay un término para que la administración tome la decisión administrativa contemplada en el artículo 5° de la citada Ley 2020 de 2020, esta misma sí contempla varios escenarios en los cuales debe darse prioridad a la intervención por diversas razones. Esto hace que, en virtud de lo hasta ahora expuesto, la administración utilice todas las herramientas disponibles, desde la misma planificación de inversión de los recursos hasta la ejecución de dichas decisiones, para evitar que el paso del tiempo genere mayores perjuicios al patrimonio del Estado.”
“Ninguna contraloría puede decidir sobre la nulidad o no de los actos administrativos que declaran la urgencia manifiesta, y mucho menos sobre la nulidad de los contratos celebrados con ocasión de la declaratoria. Por su parte, el control fiscal que se hace a este tipo de contratación, es el mismo que se haría a cualquier tipo de contratación.”
“No onstante la autonomía con la que cuentan las entidades territoriales para contratar, en virtud del principio de planeación contenido entre otras, en los artículos 6, 7, 11, 12, 13, 14, 24 y 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 8 de la Ley 1150 de 2008 adicionado parcialmente por el artículo 6 de la Ley 1882 de 2018 y lo prescrito artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, es obligatoria la elaboración de los estudios previos como soporte para la preparación del proyecto de pliegos, los pliegos y el contrato mismo.”
