“… la Contraloría no puede decidir ni ordenar a los sujetos de control cómo deben disponer a priori de los recursos del Estado, ya que, su función de vigilancia y control fiscal es en esencia posterior y selectiva y, excepcionalmente, preventiva y concomitante, lo cual, no implica coadministración y se da en unos términos muy concretos establecidos en la ley tal y como lo señala el artículo 267 de la Constitución Política, con su modificatoria.”
“… las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales ejercen control sobre la gestión fiscal adelantada por dichas entidades territoriales, sus entidades descentralizadas y los particulares que recauden, administren o destinen recursos y bienes públicos de ese mismo orden.”
A partir del Acto Legislativo 04 de 2019, se fortaleció el régimen constitucional y legal para la vigilancia y control fiscal. En el artículo 267 constitucional se estableció el control concomitante y preventivo, exclusivo, de la Contraloría General de la República, como complemento al control posterior y selectivo, a efectos de garantizar la defensa y protección del patrimonio público. En dicho apartado constitucional, se indicó igualmente que el control concomitante y preventivo no supone una coadministración, toda vez que se realiza en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos.
“Existen otros impuestos que se cobran en virtud de las condiciones de los contratistas, llamados impuestos directos, los cuales se generan en virtud de la persona natural o jurídica o el desarrollo del objeto social de la misma, como lo es el impuesto de renta y su mecanismo de retención en la fuente. Respecto de este tipo de tributos y conforme al desarrollo legal y jurisprudencial, no es posible incorporarlo a los costos del contrato, puesto que no se derivan de la suscripción o desarrollo del mismo, ni tienen como hecho generador la celebración del contrato.”
¿Qué mínimos legales debe garantizarse en el manejo de bases de datos de la CGR por parte de contratistas u otras entidades?
Si un acta de entrega, que no constituyó acta de entrega a satisfacción sino una mera entrega de la tenencia en el estado en el que se encontraba y en calidad de cuerpo cierto, sustituye la orden legal.
El supervisor del contrato no ejecuta su función de control y vigilancia del contrato estatal al omitir informar sobre hechos que presuntamente son constitutivos de corrupción, lo que puede llegar a ocasionar un daño patrimonial a los recursos públicos, por lo que, de evidenciar esto, el ente de control fiscal iniciará un proceso de responsabilidad fiscal.
Responsabilidad fiscal Consejo de Estado. RESPONSABILIDAD FISCAL. Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal. Acreditación de una conducta dolosa y gravemente culposa de quien ejerció gestión fiscal. Contraloría General de la República y contralorías departamentales en los procesos de responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se configura sin perjuicio de otra […]
