“… el supervisor debe cargar los soportes documentales relacionados con los pagos al contratista (certificados de pago, recibos a satisfacción), y las evidencias de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. La carga de estos documentos en SECOP permite verificar el gasto público y dar cumplimiento a los principios de transparencia y eficacia en la gestión contractual.”
“… En cuanto a la posibilidad de que el Comisario y/o Defensor de Familia funja como supervisor de un contrato de prestación de servicios dependerá, por una parte, del ejercicio de su deber funcional, entendido este como las funciones descritas en el artículo 86 de la Ley 1098 de 2006, y de las directrices y funciones específicas que le asigne el jefe inmediato.”
Previo al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, los supervisores pueden requerir previamente al contratista, con el fin de determinar si se están presentando presuntos incumplimientos en las obligaciones del contrato estatal. Para ello, el requerimiento de presunto incumplimiento no puede catalogarse como un acto administrativo que lo declara, pues no se está aún en el procedimiento administrativo sancionatorio del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, ni mucho menos adquiere tal naturaleza.
“El ordenamiento jurídico colombiano establece de forma expresa la obligación de los contratistas del Estado de estar al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y demás contribuciones parafiscales. Asimismo, impone a las entidades públicas el deber de verificar dicho cumplimiento en todas las etapas del proceso contractual, so pena de la imposición de sanciones disciplinarias para los servidores que omitan esta verificación.”
“… es la entidad estatal a través del ordenador del gasto, quien en virtud de su autonomía administrativa y el conocimiento que tiene acerca de los profesionales con que cuenta su planta de personal, quien debe designar como supervisor a cualquier funcionario que considere idóneo, siempre y cuando el objeto del proceso de contratación esté relacionado con sus funciones, de manera que se realice una responsable vigilancia y control de la ejecución del gasto y del contrato, aduciendo a las recomendaciones en el “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado, de esta Agencia”.
“Son responsables fiscales los supervisores cuando por el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal se ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal que, entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la ejecución del objeto contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad establecidas en el contrato vigilado”.
Según la “Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del Estado” emitida por esta Agencia, la designación debe realizarse por el ordenador del gasto de la entidad que está realizando la contratación ya que este es el responsable de la vigilancia y control de la ejecución del gasto y del contrato, esta designación se puede realizar de las siguientes maneras:
“En tal sentido, cuando la celebración de los contratos se realiza sin apego a los procedimientos que materializan en la práctica los principios ya mencionados, se lesionan efectivamente dichos valores de orden superior y se defrauda la expectativa razonable de la ciudadanía sobre la recta labor de sus gobernantes”.
La Sala, después de revisar las labores realizadas por el demandante, concluyó que lo desempeñado era, auténticamente, una supervisión de todos los aspectos propios del cumplimiento del contrato (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico). La actividad desempeñada por el demandante -a la que atribuye su empobrecimiento- tuvo su origen en una fuente obligacional jurídica y legítima, esto es, la relación laboral legal y reglamentaria. Las labores se realizaron en el marco del vínculo laboral que tenía con la entidad pública contratante, conforme al manual de funciones del cargo ostentado. No puede reputarse como daño la obligación que ostenta un servidor público de cumplir con el ordenamiento jurídico en general, y con las funciones previstas en la ley y el reglamento, en particular.
La Procuraduría encontró dentro del contrato supervisado por la exfuncionaria, diferencias en la información rendida en las actos de pago, frente a los documentos que soportan las órdenes de pago y la información base de cotización de los pagos para fiscales allegados en derecho de contradicción.
