“Ninguna contraloría puede decidir sobre la nulidad o no de los actos administrativos que declaran la urgencia manifiesta, y mucho menos sobre la nulidad de los contratos celebrados con ocasión de la declaratoria. Por su parte, el control fiscal que se hace a este tipo de contratación, es el mismo que se haría a cualquier tipo de contratación.”
“No onstante la autonomía con la que cuentan las entidades territoriales para contratar, en virtud del principio de planeación contenido entre otras, en los artículos 6, 7, 11, 12, 13, 14, 24 y 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 8 de la Ley 1150 de 2008 adicionado parcialmente por el artículo 6 de la Ley 1882 de 2018 y lo prescrito artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, es obligatoria la elaboración de los estudios previos como soporte para la preparación del proyecto de pliegos, los pliegos y el contrato mismo.”
“… el control fiscal y la eventual configuración de un hallazgo con incidencia fiscal debe realizarse a la luz del estudio de mercado y el valor pactado para el contrato, y no desde la diferencia del precio pagado al contratista (por la entidad) y el valor que este canceló a un tercero, lo cual corresponde a la órbita interna negocial del contratista y por ende, escapa al ámbito de acción del control y vigilancia fiscal en cabeza de la CGR.”
“… Las prórrogas en tiempo, cuando se otorguen válidamente, deben ser reportadas como novedades contractuales en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información – SIRECi, conforme a lo establecido en los artículos 26 a 31 de la Resolución Reglamentaria Orgánica…”
“… la Constitución no prohíbe que el Estado transfiera a los particulares, sin contraprestación económica, recursos públicos, siempre y cuando tal transferencia tenga un sustento en principios y derechos constitucionales expresos.”
“El ordenamiento jurídico colombiano establece de forma expresa la obligación de los contratistas del Estado de estar al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y demás contribuciones parafiscales. Asimismo, impone a las entidades públicas el deber de verificar dicho cumplimiento en todas las etapas del proceso contractual, so pena de la imposición de sanciones disciplinarias para los servidores que omitan esta verificación.”
“Corresponde a cada entidad estatal adelantar la supervisión de su actividad contractual, y en consecuencia dar cumplimiento a sus obligaciones como entidad contratante, sin más consideraciones que el oportuno cumplimiento de las disposiciones presentes en el contrato, teniendo claro que la existencia de investigaciones fiscales, no se configuran en variables que afecten la ejecución contractual, conforme lo expuesto a las causales expresas de inhabilidad.”
“Sobre cómo se adelanta el seguimiento permanente a los recursos públicos, dispone el artículo 56 del Decreto 403 de 2020, que será en tiempo real y oportuno a través del acceso a la información y el acompañamiento a la gestión fiscal en todas sus etapas o ciclos de manera presencial o mediante el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones, con el fin de observar a los sujetos de control mientras estos realizan sus procesos o toman sus decisiones, sin que la Contraloría General de la República pueda interferir en aquellos o tener injerencia en estas misma decisiones.”
Este daño podrá generar responsabilidad fiscal si dentro del proceso se establece la existencia de los tres elementos que la ley definió para su determinación. Así explica el ente de control:
El concepto de ejecución presupuestal de los recursos públicos comprende, incluso, según sea el caso, el recibo de los bienes o la prestación de los servicios que desarrollan el objeto del dinero apropiado.
