“… el artículo 5 de la Ley 1474 de 2011, impide celebrar contratos de interventoría con una entidad cuando el proponente tiene vigente —o pendiente de liquidación— un contrato de obra, concesión o suministro de medicamentos o alimentos con esa misma entidad, por lo que, si no existe un contrato de esas tipologías en ejecución o sin liquidar, el proponente puede participar sin incurrir en ninguna inhabilidad.”
Una entidad estatal puede pagar el valor total de un contrato de obra antes del vencimiento del plazo de ejecución, siempre que el contratista haya entregado a satisfacción el objeto contratado de manera anticipada.
“conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, particularmente en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9, las entidades estatales podrán contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, siempre y cuando se verifique que el contratista esté en capacidad de ejecutar el objeto contractual y que acredite la idoneidad o experiencia relacionada con el objeto del contrato.”
“… la aplicación de los principios de la función administrativa en los manuales internos de contratación, se materializa en los procesos de contratación que adelante la sociedad de economía mixta.”
“… es de precisar que el Consejo de Estado, en su auto del 6 de agosto de 2019, suspendió provisionalmente el inciso final del artículo 4 del Decreto 092 de 2017. Este inciso permitía la contratación directa para actividades artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica que solo podían ser ejecutadas por determinadas personas.”
“frente a la entrega de incentivos pecuniarios o no pecuniarios, es pertinente precisar que no es posible otorgar incentivos pecuniarios a los contratistas, esto es, reconocimientos económicos derivados de su desempeño, pues no puede comprenderse como servidores públicos, los cuales tienen derecho a incentivos, de acuerdo con las condiciones, limitaciones y prohibiciones dispuestas en el Decreto Ley 1567 de 1998. Con respectivo a los incentivos no pecuniarios, es importante revisar que estos no deben implicar compromisos presupuestales para la entrega de becas, financiación de investigaciones, entre otras, por el contrario, deben ser reconocimientos no económicos por el desempeño de sus actividades como contratistas de prestación de servicios”.
“… si bien las ESAL pueden participar en procesos de contratación con el Estado siempre que cumplan los requisitos legales y reglamentarios, dicha posibilidad se ve limitada cuando en su junta directiva participan servidores públicos que ostentan cargos de dirección, o manejo en la Entidad Estatal con la cual se pretende contratar. En estos casos, conforme a lo dispuesto en literales d) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, se configura una inhabilidad e incompatibilidad que impide la celebración del contrato, en tanto se busca evitar el favorecimiento indebido, el conflicto de intereses y garantizar los principios de transparencia, moralidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal.”
Si bien, la modalidad de mínima cuantía está diseñada para ser ágil y con menos formalidades que otras modalidades de selección, esto no significa que pueda prescindirse del cumplimiento de las garantías mínimas del procedimiento administrativo. Entre estas garantías se encuentra el traslado del informe de evaluación, que tiene una función central: permitir que los oferentes conozcan los criterios de evaluación aplicados y ejerzan su derecho a presentar observaciones u objeciones.
La no expedición de documentos tipo de los estudios previos obedece a que los elementos que contienen estos según lo establecido por el decreto 1082 de 2015, no son aquellos los cuáles se deben estandarizar a través del instrumento objeto de análisis, esto por mandato legal, así lo establece el parágrafo 7, articulo 4 de la Ley 2022 de 2020.
“… la liquidación unilateral por parte de Ecopetrol no constituye un acto administrativo. Lo anterior, dado que los actos contractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado que no tenga habilitación legal para expedir actos administrativos, se rigen por el derecho común.”
