“LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO – Procede ante la ausencia de liquidación bilateral y unilateral y siempre que sea pedido en la demanda. Consiste en la determinación de las acreencias y deudas pendientes, una vez finalizado el acuerdo de voluntades”.
“Una entidad pública demanda que se declare el incumplimiento de un convenio de asociación por parte de una entidad sin ánimo de lucro. Solicita, además, que esta última restituya parte de los recursos desembolsados y que la aseguradora garante sea condenada al pago de la cláusula penal pactada. A su turno, la entidad sin ánimo de lucro formula pretensiones en sentido contrario, buscando que se declare que fue la entidad pública quien incumplió el convenio de asociación.”
“El acta de recibo final es un elemento accidental del contrato que se ha dejado a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, con excepción del contrato de confección de obra material, que regula el recibo en el artículo 2060 del Código Civil, en concordancia con el artículo 13 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En consecuencia, la definición de su alcance jurídico en los demás tipos contractuales está mediada por lo pactado entre las partes en el respectivo contrato, con fundamento en el artículo 1494 del Código Civil, que establece la autonomía de la voluntad como fuente de obligaciones”.
“Insiste la Sala en que, cuando las entidades se encuentren sometidas a procesos de restructuración, resulta aplicable la regla de inejecutabilidad de las obligaciones, ya sea que estas hayan surgido con anterioridad o posterioridad a la firma del acuerdo; sin embargo, no se estableció una regla de limitación respecto de aquellas obligaciones que se originaron antes de la suscripción del acuerdo y se hicieron exigibles con posterioridad, como ocurre en el presente asunto.”
El análisis de la Subsección se desarrollará abordando los siguientes aspectos: (i) el convenio interadministrativo XXX y su régimen jurídico aplicable; (ii) la liquidación judicial del convenio interadministrativo objeto de estudio; y (iii) los intereses moratorios y otros conceptos relacionados con el impuesto de registro, y el estudio acerca de cuál de las partes tiene a cargo la obligación de asumirlos en el marco de la relación convencional objeto de examen judicial.”
“… tomando en cuenta la naturaleza contractual y no convencional de este negocio jurídico, dicho entendimiento no puede desconocer que las partes son las encargadas de realizar las variaciones que estimen pertinentes a lo inicialmente pactado, lo cual mantiene su fuerza vinculante hasta tanto no sea modificado por voluntad de los contratantes (principio de “pacta sunt servanda”)”.
Esta Corporación ha considerado que el límite de adiciones de que trata el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en virtud del cual no es posible incrementar el valor del contrato en más de un 50%, es aplicable a acuerdos de voluntades sometidos al pago como precio global, pues en esos casos la suma que se fija desde un inicio es definitiva para los sujetos negociales, mientras que en los contratos cuyo pago es a precios unitarios no es aplicable, dado que el valor del negocio jurídico es provisional y el valor definitivo se determina al finalizarse el objeto contractual.
