“… para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, las entidades estatales deben verificar que las personas naturales estén afiliadas al Sistema de Seguridad Social Integral y, una vez perfeccionado el contrato, que realicen sus aportes en calidad de independientes.”
“… en relación con la consulta sobre la protección en el periodo de lactancia hasta por dos (2) años, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente el derecho a los descansos remunerados en el periodo de lactancia y – la posible extensión del fuero de maternidad –, regulado en la Ley 2306 de 2023, no rige a favor de las contratistas del Estado que no ingresan en la categoría de trabajadores.”
“… no es viable jurídicamente que una Entidad Estatal contrate bajo la modalidad de prestación de servicios a un abogado que aún no cuenta con tarjeta profesional, toda vez que, este documento es un requisito de idoneidad para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales que impliquen el ejercicio de la abogacía.”
“… la temporalidad del contrato de prestación de servicios está determinada por el tiempo requerido para desarrollar el objeto para el que se celebra de acuerdo con lo establecido en los correspondientes estudios previos, en cumplimiento del principio de planeación, conjuntamente con la autonomía y voluntad de las partes.”
“… no existe una inhabilidad o incompatibilidad en aquellos supuestos de arquitectos contratistas por prestación de servicios profesionales que, además de cumplir labores en una dependencia de una entidad pública, ejercen su actividad como independientes en la elaboración de diseños, construcción de viviendas y firma de planos que serán usados por particulares en solicitudes de licencias de construcción, cuando dicha dependencia de la entidad es la competente de otorgarlas.”
Al analizar las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, se observa que el literal f) del numeral 1 establece que los servidores públicos están inhabilitados para celebrar contratos con entidades estatales.
“… lo que resulta relevante al momento de determinar si a la entidad le asiste o no el deber de hacer el cierre del expediente contractual, es validar si se exigieron o no garantías de calidad, estabilidad o mantenimiento, o bien se establecieron condiciones de disposición final o recuperación de la obras o bienes objetos del contrato; y de no cumplirse ninguno de los eventos descritos anteriormente no es obligatorio realizar un cierre del expediente contractual”.
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“… la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el contrato de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor», tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.”
Cuando se verifica que el contratista ha cumplido el objeto contractual, y la entidad incurre en mora en el pago sin causa legal, se configura un incumplimiento del contrato imputable a la administración, el cual puede dar lugar a diversas consecuencias jurídicas, incluidas sanciones, intereses y acciones judiciales.
