C 594 2022 “«(i) ¿Cuál debe ser el contenido mínimo que se debe desarrollar para cada uno de los elementos que componen el acto administrativo de justificación de contratación directa o, en su defecto, los estudios previos? (ii) ¿Cuál debe ser la justificación requerida para aquellos contratos interadministrativos en los que existe más de una entidad pública que puede prestar el servicio a otra entidad pública? ¿Es necesario que la justificación se base en estudios de mercado y cotizaciones de precio? ¿Es suficiente señalar la facultad legal, o la capacidad técnica o la experiencia como elementos para poder proceder con la contratación? (iii) ¿En aquellos casos en los que existen entidades con objetos similares pero que tienen una especialidad diferente y reconocida en el mercado, basta con señalar en el acto de justificación o estudios previos, la especialidad y experiencia de la entidad pública que se pretende contratar? (iv) ¿Es acorde a los principios de contratación estatal que la entidad ejecutora de un contrato interadministrativo subcontrate algunas de las actividades para las cuales se le contrató, teniendo en cuenta que dicha subcontratación se llevará de conformidad al régimen de contratación de la entidad ejecutora? Lo anterior, en el supuesto que la entidad ejecutora desarrolla su actividad en competencia con el sector privado o que la ejecución del contrato interadministrativo tiene relación directa con el desarrollo de su actividad”»
“Multas y caducidad en la ejecución del contrato de obra. Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. La competencia para hacer efectiva la multa no se pierde por la expiración del plazo si ella se causó durante la vigencia del contrato. La demandante no acreditó que el incumplimiento de las obligaciones que posteriormente determinaron la declaratoria de caducidad fuera consecuencia de los incumplimientos de la entidad o de hechos no imputables a ninguna de las partes”.
“… al imponer la multa el acreedor puede continuar exigiendo la obligación principal, sin que el cumplimiento del contratista, generado como consecuencia de la conminación, implique que ella no pueda ser cobrada”
“Decide el despacho la solicitud de medida cautelar consistente en que se ordene (i) la suspensión provisional del artículo décimo segundo, adjudicación módulo 7 del acto administrativo de adjudicación de la licitación pública XXXX convocada por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS); (ii) la suspensión de los efectos del contrato XXXX derivado de la referida licitación pública suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y XXXX (iii) la adjudicación de la licitación pública XXXX al proponente que quedó en segundo lugar en el orden de elegibilidad”.
CONCEPTO DE UNIFICACIÓN. Principio de selección objetiva, subsanabilidad, requisitos habilitantes, hojas de vida, acreditación de circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre. Recopilación de conceptos.
Inscripción personal del adjudicatario. En consecuencia, la entidad no debía descalificar al adjudicatario por cuanto a) la actuación a través de apoderado es equivalente a la actuación personal del poderdante, b) los términos de referencia no castigaron esa circunstancia con descalificación y, c) había una norma que expresamente prohibía esa exigencia”.
Cesión de derechos litigiosos. El contrato de cesión de derechos litigiosos está definido en el artículo 1969 del código civil[1]. Para su perfeccionamiento la ley exige que el cedente entregue al cesionario el título, que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1502 del Código Civil[2], entre los cuales, se destaca la capacidad […]
“… los contratos celebrados por las entidades estatales que prestan servicios públicos, de los que trata la Ley 142 de 1994, por regla general no están sujetos a las disposiciones previstas en el estatuto de contratación de la administración pública, salvo que la misma ley disponga algo contrario, así como también en aquellos casos en los cuales los entes territoriales celebren contratos con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas asuman la prestación de uno o varios servicios públicos o para que sustituyan la prestación de otra empresa que entró en causal de disolución o liquidación.
La notificación por estado de autos no sujetos a notificación personal. Indebida notificación porque en el estado electrónico no se incluyó copia del auto notificado.
De los procesos de ejecución seguidos contra entidades territoriales en el curso de la Ley 550 de 1999.
CE 66772 “… la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que no puede adelantarse un estudio sobre la legalidad del acto en el proceso ejecutivo, pues su objeto se limita a la satisfacción coercitiva de la prestación insatisfecha contenida en un título ejecutivo que goza de la presunción de legalidad”.
