Respecto de la responsabilidad fiscal, los interventores serán responsables fiscales cuando, por el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia sobre el contrato estatal, se ocasione un detrimento patrimonial para la entidad estatal, el cual puede derivarse, entre otros, del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de deficiencias en la ejecución del objeto contractual o del incumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad establecidas en el contrato vigilado.
“… de conformidad con los principios de legalidad y especialidad del gasto público, únicamente es procedente ordenar erogaciones que correspondan a gastos previamente decretados por la Ley o derivados de una orden judicial.”
Los concejales tienen derecho a los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL), pero si son suspendidos provisionalmente por orden judicial, no reciben remuneración durante la suspensión, aunque sí conservan la cobertura del sistema de seguridad social.
Esta gestión de cobro no tiene contraprestación, sin embargo, esto es diferente a la contratación que realice el ente territorial para la prestación del servicio de alumbrado público que realice a través de un tercero, que, de conformidad con la ley, estará determinado por las reglas contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Si se establece que el personal se encuentra vinculado por contrato de prestación de servicios, es necesario corroborar que este genera los respectivos aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales en virtud del mandato legal establecido en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993.
De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional, interpretando la Constitución Política, la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de 2000 y el Decreto Ley 267 de 2000, son gestores fiscales, independientemente de la condición pública o privada del ejecutor, los servidores públicos y/o particulares que por habilitación legal, administrativa o contractual manejen o administren bienes y recursos públicos y que tengan capacidad decisoria frente a los mismos.
Si bien el deber de presentar el acta de informe de gestión le corresponde únicamente a los servidores públicos identificados en la Ley 951 de 2005, esto no exime del deber legar, para todo servidor público, de entregar los bienes y asuntos a su cargo, a la finalización de su vinculación con una entidad estatal determinada.
“… cuando del proceso auditor que culmina con no fenecimiento se desprendan hallazgos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria o penal, estos deberán ser trasladados a la autoridad competente o dar lugar a la actuación correspondiente, siempre que se acrediten los presupuestos legales de cada tipo de responsabilidad y con plena garantía del debido proceso.”
“… dentro del patrimonio público también se encuentran los bienes inmateriales y los derechos e intereses no susceptibles de propiedad por parte del Estado como el territorio nacional, el mar territorial, la plataforma continental, el espacio aéreo, etc.”
La Contralorías Territoriales tienen la función de refrendar las reservas presupuestales, ya que, de conformidad con el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
