“La Contraloría General de la República, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute”.
La reserva legal sobre denuncias y documentos que contienen datos personales no es oponible al funcionario público denunciado, en cuanto este es titular de los datos y tiene derecho a acceder a ellos para ejercer su derecho de defensa y al debido proceso.
La destinación indebida es, por tanto, un indicio o presupuesto de irregularidad fiscalmente relevante, pero solo se convierte en responsabilidad fiscal cuando además ocasiona un detrimento patrimonial probado en los términos de la Ley 610 de 2000 y sus disposiciones concordantes.
Mientras que la vigilancia fiscal es una función descriptiva y de observación (en tiempo real o posterior) orientada a acopiar información sin interferir en la toma de decisiones, el control fiscal es una función evaluativa y juzgadora que valora los resultados de dicha gestión a la luz de los principios legales y contables, pudiendo derivar en la determinación de responsabilidad fiscal.
El órgano de control fiscal competente para ejercer el pronunciamiento establecido en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, sobre los contratos financiados con recursos de la Nación (por ejemplo, SGP, FONPET, PGN), con ocasión de una declaración de calamidad pública, es la Contraloría General de la Republica.
“… dado que el servidor público no puede rechazar la designación, corresponde a la entidad brindarle la capacitación necesaria para que pueda cumplir de manera idónea las funciones de supervisión asignadas”
El régimen especial de contratación previsto en los artículos 65 y 66 de la Ley 1523 de 2012 constituye un mecanismo excepcional orientado a permitir la adopción de medidas inmediatas de respuesta, rehabilitación y reconstrucción frente a situaciones de desastre o calamidad pública, razón por la cual su utilización debe interpretarse de manera restrictiva y encontrarse directamente relacionada con la situación extraordinaria declarada.
La obligación de rendir cuentas ante la Contraloría General de la República encuentra fundamento en la administración y gestión de recursos públicos y en la cláusula general de competencia constitucional atribuida a dicho órgano de control. Por consiguiente, quienes administren, ejecuten o gestionen recursos públicos provenientes del Sistema General de Participaciones deberán cumplir los deberes de información y rendición de cuentas previstos en la Constitución, la ley y la regulación expedida por la Contraloría General de la República.
Las consecuencias de no adelantar los procesos de contratación y cierre del mismo en la plataforma, estando obligado a ello, son en esencia disciplinarias para los funcionarios públicos obligados a ello por mandato legal, reglamentario y manual de funciones.
“… se concluye que los acuerdos protocolizados en el marco de la consulta previa, en cuanto surgen de un proceso participativo y de concertación
entre todas las partes intervinientes, no pueden ser modificados válidamente de manera unilateral o bilateral excluyendo a alguno de los sujetos que concurrieron en su suscripción o que resultan directamente vinculados por sus efectos”.
