Marco normativo de las atribuciones ejecutadas por la Nación –Contraloría General de la República en los procesos de responsabilidad fiscal. Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal. Marco normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal del interventor en el contrato de obra. Elementos de la responsabilidad fiscal. Gestión Fiscal y nexo de causalidad. Diferencia entre el acta de terminación o recibo final y la liquidación del contrato estatal.
Para la Procuraduría los disciplinados violaron el principio de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal y vulneraron el deber de selección objetiva por estructurar y suscribir los otrosíes 3 (julio de 2013 ) y 6 (marzo de 2014) al Contrato de Concesión 001 de 2010 (Ruta del Sol II), relacionados con los estudios y la ejecución del tramo denominado Transversal Río de Oro – Aguachica – Gamarra para favorecer a la Concesionario Ruta del Sol S.A.S. y que los ejecutara directamente sin que se adelantaran los procesos selectivos de concurso de méritos y licitación pública.
Lo anterior teniendo en cuenta que las obras no tenían perfecta relación de “exegésis” con el objeto del contrato principal, en la medida que se trataba de corredores viales, sectores y tramos diferentes que no dependían del correspondiente Puerto Salgar – San Roque.
CE 31297 “ACTO DE APERTURA DEL PROCESO – La administración no puede revocar directamente el acto de apertura del proceso de selección, sin el consentimiento expreso de los participantes que hubieran presentado sus ofertas dentro del plazo de la licitación”.
Consejo de Estado. Rad. 11001031500020140430200. Actor: Contraloría General de la República. MP. Maria Claudia Rojas Lasso. Fecha: 18/12/2014. El Consejo de Estado negó el amparo solicitado por la Contraloría General de la Nación, quien alegó la vulneración de los derechos al buen nombre, al trabajo y al acceso y desempeño de funciones y cargos públicos […]
Consejo de Estado. 2500023260001999211801. 21321. Actor: Consorcio Unión Temporal F.M. Demandado: IDU. Subseción B. MP. Danilo Rojas Betancourth. Fecha: 13/11/2014. Temas: 1. Acto de adjudicación. Nulidad. Requisitos para su procedencia. 2. Pliego de condiciones. Naturaleza. Causales de rechazo de las ofertas. Estados financieros. Subsanabilidad.
Consejo de Estado. 17663. Actor: Inconstruc Ltda. Demandado: INVIAS. Subseción C. MP. Enrique Gil Botero. Fecha: 07/02/2010. Temas: 1. La conmutatividad del contrato estatal y principio de la autonomía de la voluntad. “… según la doctrina autorizada[1] se está frente a un contrato conmutativo cuando se reúnen tres requisitos: i) que sea oneroso o útil […]
“El artículo 67 CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 267 CCA, establece que el poder debe ser conferido a un abogado inscrito. Como el CPC no permite otorgar poder a una persona jurídica que tenga por objeto la representación judicial, CONFÍRMASE el auto recurrido. RECONÓCESE personería al [abogado defensor], como apoderado de la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020”.
El artículo 308 CPACA dispone que dicho código comenzó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y que las demandas y procesos en curso, antes de su vigencia, seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior, es decir, el CCA. El artículo 267 CCA prescribe que, en los aspectos no regulados en ese código, se seguirá el Código de Procedimiento Civil. De manera que, para los procesos tramitados con el CCA, en cuyas actuaciones es necesario acudir al procedimiento civil, se debe aplicar el CPC -y no el CGP- porque ese era el estatuto procesal civil vigente al inicio de esas actuaciones. Como el proceso de la referencia se rige por el CCA, la norma procesal civil aplicable es el CPC.
La ausencia de la operación de registro presupuestal comporta el incumplimiento de una obligación legal, el cual genera una responsabilidad del funcionario que omite realizarla; pero, no tiene la virtualidad de afecta la existencia, la validez o la eficacia del negocio jurídico, sino la regularidad de la ejecución del contrato, con la consecuencia contingente del incumplimiento del mismo por parte de la entidad pública”.
La ley de presupuesto establece el principio de legalidad del gasto – no del contrato-, por manera que toda obligación de pago emanada de un contrato bajo el régimen de la Ley 80 de 1993 requiere para su ejecución, primero de la previa disponibilidad presupuestal, y posteriormente de un registro presupuestal que se efectúa una vez perfeccionado el contrato, siguiendo las voces del artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto contenido en el Decreto 111 de 1996.
Consejo de Estado. 73001233100020010142401. 26474. Actor: FERNANDO GUZMÁN CAPERA. Demandado: MUNICIPIO DEL ESPINAL. Subsección C. MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Fecha: 22/01/2014. Temas: 1. Diferencia entre la prescripción extintiva y la caducidad. Prescripción extintiva Caducidad La prescripción extintiva es una institución establecida en la Ley, que se presenta como consecuencia de la inactividad de los […]
