“De ese convenio se extracta que la gobernación era responsable de obtener y proporcionar todos los estudios y diseños técnicos necesarios para la ejecución de las obras antes del inicio del proyecto, gestionar la adjudicación del contrato mediante un proceso de licitación pública, asegurando la transparencia y la selección del mejor proponente y, debía conformar un comité evaluador para la adjudicación del contrato; de su parte, el INVIAS supervisaría la correcta utilización de los recursos aportados y la ejecución de las obras, según los estándares técnicos y legales”. El contrato se adjudicó al único oferente.