Consejo de Estado. Niega. OFERTA. Inconsistencia en el contenido. Rechazo de la oferta. La entidad pública acudió a la revisión de fuentes externas al proceso de selección para comprobar la veracidad de la información. ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO. Debe ser proferido en audiencia pública y la prueba de su realización no está sujeta a tarifa legal. Obligatoriedad de la grabación de la audiencia. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN. La exigencia legal versa sobre la elaboración de su acta, no sobre su grabación. Intervención del oferente. Intervención de abogado. No era suficiente cuestionar la vulneración del debido proceso por no permitir la intervención a quien no acreditó ser profesional del derecho en la audiencia de adjudicación, sino que se requería rebatir complementariamente en qué medida ello incidió en el acto administrativo demandado. FALTA DE VERACIDAD EN LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA. Fue comprobada y constituyó causal de rechazo en los términos del pliego de condiciones. GARANTÍA DE SERIEDAD. El rechazo de la propuesta fue ajustado a derecho, en tanto, de un lado, se comprobó la falta de coincidencia entre el documento aportado para subsanar la póliza de seriedad de la oferta y la fecha indicada en el portal web de la compañía aseguradora que la expidió. NEGACIÓN INDEFINIDA. Fue desvirtuada en el caso concreto (2025)
Se reitera: “… para la Sala sería inadmisible sostener que la entidad estatal contratante tuviere el deber de adjudicar el procedimiento administrativo de selección a una determinada oferta a sabiendas de que, aunque en apariencia tendría las mejores condiciones, en realidad sería, por su contenido, total o parcialmente, una propuesta mentirosa, fraudulenta, engañosa o proveniente de un proponente que pretende sacar provecho o ventaja, frente a la entidad contratante y/o ante sus competidores, de la manipulación de información errónea, inexacta o falaz, tal como no resultaría válida, de ninguna manera, la adjudicación que se quisiera hacer recaer en un oferente que se encuentre incurso en una causal de inhabilidad o de incompatibilidad, por lo cual resulta plausible que en estos casos la entidad decida rechazar o excluir esa clase de ofertas, independientemente de que así lo haya previsto, o no, el correspondiente pliego de condiciones, decisión que, de todos modos, la entidad estatal contratante está en el deber de motivar de manera clara, precisa, completa y detallada.”
