Consejo de Estado. IMPUTACIÓN EN LA ACCIÓN POPULAR. El criterio es funcional y no negocial: lo jurídicamente relevante no es quién suscribió el contrato o ejecutó materialmente la obra, sino quién tenía el deber de prevenir, evitar, corregir o hacer cesar la afectación del derecho colectivo y, pese a ello, incurrió en una conducta activa u omisiva con incidencia causal en dicha afectación (2026)
“… lo jurídicamente relevante no es quién suscribió el contrato o ejecutó materialmente la obra, sino quién tenía el deber de prevenir, evitar, corregir o hacer cesar la afectación del derecho colectivo y, pese a ello, incurrió en una conducta activa u omisiva con incidencia causal en dicha afectación.”.
