Estas variadas líneas interpretativas conducen a considerar la necesidad de unificar jurisprudencia en un aspecto cardinal para el servicio de administración de justicia y para la solución del caso concreto, pues, tanto desde la perspectiva de los operadores judiciales como de los usuarios, la oportunidad para activar este mecanismo tiene profundas raíces en la seguridad jurídica, ámbito en el cual el accionar de las autoridades y de los contratistas del Estado debe estar acompañado de interpretaciones jurisprudenciales que generen confianza y permitan el efectivo logro de los cometidos públicos.