Concepto CCE. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Concepto. Clases. Finalidad. Limitación. Capacidad contractual. CONTRIBUCIONES PARAFISCALES AGROPECUARIAS. Naturaleza pública. Administración por entidades gremiales. PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES PÚBLICAS. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Ley 1952 de 2019. Ley 489 de 1998. CONTRATACIÓN CON RECURSOS PÚBLICOS. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Ley 2014 de 2019. Aplicación a la contratación privada. Contratación con personas jurídicas vinculadas a miembros de la junta directiva – Nepotismo (artículo 126 de la Constitución Política). CONFLICTOS DE INTERÉS. Deberes de los administradores. Aplicación supletiva de la Ley 1437 de 2011. GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS. Transparencia. Postura de la Sala de Consulta y Servicio Civil. ¿Existe habilitación constitucional o legal que permita al administrador de un fondo parafiscal agropecuario celebrar contratos, con cargo a los recursos del fondo, con sus propios socios o aportantes, o en tal caso resulta aplicable el régimen de inhabilidades previsto en el parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 2014 de 2019? ¿Puede el administrador de un fondo parafiscal agropecuario celebrar contratos financiados con recursos del fondo con personas jurídicas cuyos accionistas tengan vínculos de parentesco —cónyuge, compañero permanente, o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil— con miembros de la junta directiva del fondo, sin que configure una inhabilidad o incompatibilidad? (2026)
En efecto, el literal d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece una inhabilidad para contratar respecto de determinadas personas jurídicas cuando en ellas el miembro de la junta o consejo directivo de la entidad contratante, su cónyuge, compañero permanente o sus parientes dentro de los grados allí previstos tengan participación o desempeñen cargos de dirección o manejo. Esta disposición evidencia la voluntad del legislador de ampliar el ámbito de protección de la moralidad administrativa y de prevenir fenómenos de favorecimiento indebido y nepotismo en la contratación pública, extendiendo la restricción no solo a las personas naturales vinculadas familiarmente con quienes intervienen en la contratación, sino también a determinadas personas jurídicas respecto de las cuales aquellos conservan intereses patrimoniales o de dirección.
