Conviene destacar que teniendo en cuenta i) que el reglamento define los documentos que demuestran las circunstancias reguladas para la obtención de los beneficios de puntuación adicional en favor tanto de personas con discapacidad como de los emprendimientos y empresas de mujeres, ii) que las entidades estatales deben presumir la buena fe, como lo ordena el artículo 83 de la Constitución Política, y que iii) los numerales 1 y 2 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 prohíben implementar trámites o requisitos que las normas no incluyen, como garantía del principio de economía, las entidades deben abstenerse de solicitar documentos adicionales a los señalados por el legislador.

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