La reserva legal sobre denuncias y documentos que contienen datos personales no es oponible al funcionario público denunciado, en cuanto este es titular de los datos y tiene derecho a acceder a ellos para ejercer su derecho de defensa y al debido proceso.
“En síntesis, i) el tratamiento de los datos personales por parte de las entidades públicas debe sujetarse a la Constitución y a la ley; ii) toda la información que repose bajo su posesión, control o custodia comparte esa naturaleza y únicamente podrá ser objeto de reserva o limitación cuando exista una disposición constitucional o legal que así lo establezca, como ocurre con la protección del derecho a la intimidad; iii) los derechos de los titulares de los datos deben interpretarse de manera armónica con los principios de información, participación, publicidad, transparencia y los demás derechos constitucionales relacionados; iv) la recolección de datos personales por las autoridades debe responder a una finalidad legítima, específica y expresa; v) únicamente podrán recopilarse los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de dicha finalidad; vi) el tratamiento y la administración de la información estarán sometidos a los límites derivados de la naturaleza de los datos personales; y vii) la información objeto de tratamiento deberá ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.”
¿Qué mínimos legales debe garantizarse en el manejo de bases de datos de la CGR por parte de contratistas u otras entidades?
La Corte niega el amparo de tutela a contratista que alegó la vulneración de derechos fundamentales porque la entidad pública entregó copia de su hoja de vida a un ciudadano que la solicitó a través de derecho de petición.
“la Sala confirmará el fallo de primera instancia, pues considera, al igual que el Tribunal Administrativo de Caldas, el derecho al habeas data de los accionantes fue vulnerado”
