“… en los procesos ejecutivos, las sumas deducidas por conceptos tributarios son imputables a la deuda y, en esa medida, deben ser tenidas en cuenta para efectos de verificar el cumplimiento de la obligación que se pretendía cubrir”.
“… cualquier eventual incumplimiento derivado del acuerdo conciliatorio debe tramitarse por la vía ejecutiva, por ser este el medio procesal idóneo para exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones claras, expresas y exigibles contenidas en un acuerdo conciliatorio”
“… la liquidación del crédito no cuenta con regulación específica en el CPACA, de ahí que deba acudirse a lo preceptuado en el artículo 446 del Código General del Proceso y, concretamente, al numeral 3° que establece la procedencia del recurso de apelación en contra del auto que altere de oficio la liquidación del crédito: (…)”
El Despacho considera que no resulta procedente dividir directamente la tasa efectiva anual entre 365 para obtener la tasa efectiva diaria para calcular los intereses moratorios, pues esa operación desconoce la naturaleza compuesta de la tasa efectiva certificada mensualmente por la Superintendencia Financiera.
Los títulos ejecutivos, conforme al artículo 422 del Código General del Proceso, son documentos que contienen obligaciones que deben ser claras, expresas y exigibles, que provengan del deudor o su causante y que constituyan plena prueba, en contra de este.
En este sentido, cabe entonces resaltar que la repetición puede dirigirse frente a personas naturales y jurídicas, pues ciertamente los artículos 1 y 2 de la Ley 678 de 2001 no realizaron ninguna distinción y es claro que las personas jurídicas ostentan capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como también cuentan con capacidad para ser parte de un proceso, tal como se desprende del artículo 633 del Código Civil a cuyo tenor “se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”, en armonía con el artículo 53 del Código General del Proceso. NO realizar seguimiento y control comporta un incumplimiento del contrato de interventoría y, como lo ha manifestado esta Subsección en oportunidades anteriores, cuando se encuentra establecido configura una culpa grave, a propósito de lo cual ha puntualizado que, en tal situación, si bien la omisión en las actividades de supervisión y gestión a cargo del interventor no se subsume en alguna de las presunciones de culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, ello no significa que su comportamiento no pueda apreciarse para definir si se configura culpa grave de conformidad con el artículo 63 del Código Civil, es decir, si su comportamiento fue grosero, negligente, despreocupado o temerario…”.
[La autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto al omitir pronunciarse sobre las excepciones de mérito propuestas, por la entidad accionante, en relación con el mandamiento ejecutivo librado dentro del proceso ejecutivo, tal como lo establece el artículo 443 del C.G.P.]
De los procesos de ejecución seguidos contra entidades territoriales en el curso de la Ley 550 de 1999.
CE 66772 “… la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que no puede adelantarse un estudio sobre la legalidad del acto en el proceso ejecutivo, pues su objeto se limita a la satisfacción coercitiva de la prestación insatisfecha contenida en un título ejecutivo que goza de la presunción de legalidad”.
TÍTULO EJECUTIVO – clases – requisitos de forma y de fondo al amparo del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil – obligación expresa, clara y exigible – valor probatorio de los documentos que integran un título ejecutivo contractual complejo – original o copia auténtica.“Autenticidad de los documentos que integran el título ejecutivo contractual.“La autenticidad […]
