Consejo de Estado. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS DERIVADOS DE ESTAFA O FRAUDE CUYA OCURRENCIA SE ATRIBUYE A LA FALLA DEL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN. NO se reúnen los elementos de la responsabilidad. Supone la constatación de una conducta negligente u omisiva del ente estatal accionado, con la cual se hubiera posibilitado la concreción del daño. Estafadores se hicieron pasar como funcionarios del Ministerio de Educación y celebraron contratos falsos con el demandante de forma virtual en el marco de la pandemia del COVID 19. Al radicarse las cuentas de cobro, el Ministerio negó el pago de las facturas al advertir la falsedad de los contratos y la probable comisión del delito de estafa. FALLA DEL SERVICIO POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. La Sala no encuentra que el Ministerio de Educación Nacional hubiera incurrido en una falla del servicio, en el sentido de omitir alertar a la ciudadanía acerca de la posible comisión de punibles suplantando su identidad. PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA. El operador judicial puede determinar, entre otras, el régimen aplicable al caso concreto, con independencia de que el extremo activo hubiera enunciado uno distinto (2026)