De esta manera, la interpretación sistemática del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018, conduce a concluir que la omisión inicial de declaración de bienes y rentas y de conflictos de interés no constituye, por regla general, una causal autónoma de rechazo, cuando dichos documentos son aportados dentro del término de subsanación y acreditan circunstancias preexistentes al cierre del proceso.

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