Consejo de Estado. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Decreto 802 de 2026. Por el cual se declara situación de desastre de carácter nacional. La norma habilita traslados sin precisar el monto, el origen ni el destino específico de los recursos a trasladar, delegando esa determinación en un acto posterior del Ministerio de Hacienda que no está sometido a ningún control previo del Congreso. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PRESUPUESTAL. Violación del artículo 345 Constitucional. En materia de gasto público el Estado adelanta tres actividades diferenciadas: decretar el gasto, apropiarlo y ejecutarlo, de las cuales las dos primeras corresponden de manera privativa al Congreso de la República, mientras que únicamente la tercera, esto es, la ejecución, está atribuida al Ejecutivo, de suerte que se asegura que solo en escenarios de deliberación democrática se aprueben fuentes de ingreso y se decrete el monto y también la destinación del gasto público (2026)
En cuanto a la urgencia, encuentra el Despacho que le asiste razón a la parte actora al considerar que el trámite ordinario previsto en el artículo 233 del CPACA no mitigaría el riesgo, dado que el propio Decreto 802 de 2026 habilita que los traslados presupuestales autorizados en el parágrafo del artículo 4 sean ejecutados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante el régimen de contratación previsto en el Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012, con sujeción a normas de derecho privado, sin licitación y con negociación directa de precios.
