“En materia de financiación, el PAE descansa en un esquema de cofinanciación que articula recursos del Presupuesto General de la Nación —asignados y distribuidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA)— con aportes de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC). El cumplimiento de la Ley 2167 de 2021 exige planear y contratar con antelación suficiente para garantizar la prestación del servicio durante todo el calendario académico, evitando rupturas en la atención, lo que supone la necesaria sincronización entre los tiempos de programación y ejecución de las ETC y el ciclo de asignaciones nacionales. De manera complementaria, el Decreto 846 de 2023 reforzó la obligación de iniciar la atención desde el primer día del calendario escolar, así como la anticipación de los procesos logísticos y contractuales, incorporando consideraciones de infraestructura y pertinencia alimentaria. Este esquema financiero y operativo, regido por los principios de planeación y sostenibilidad fiscal, impide concebir la cobertura como un universo instantáneo y exige una expansión progresiva del programa, determinada por la focalización técnica, la capacidad operativa y la planeación coordinada entre los distintos niveles de la administración”.