La Contraloría General de la República dio apertura al proceso de Responsabilidad Fiscal por la presunta existencia de irregularidades en la etapa de planeación del contrato que conllevó a la declaratoria del desequilibrio económico del contrato y, posteriormente, al pago realizado por el Departamento de Casanare a favor de la Unión Temporal contratista. El ente de control falló con responsabilidad fiscal de forma solidaria (entidad territorial e interventor).