La Contraloría General de la República analizó si por una conducta dolosa o gravemente culposa, al retardar el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, se podría generar una responsabilidad fiscal del funcionario público.
La Contraloría General de la República analizó si por una conducta dolosa o gravemente culposa, al retardar el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, se podría generar una responsabilidad fiscal del funcionario público.