Consejo de Estado. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. El contrato de obra pública es un negocio jurídico regido por el Estatuto General de la Contratación Pública y en los aspectos sustanciales no reglados allí, por las disposiciones civiles y mercantiles, por cuanto el municipio contratante es uno de los entes públicos definidos en el artículo 2, literal a) del numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que no está sujeto a ningún régimen especial o exceptuado en los términos del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. URGENCIA MANIFIESTA. El municipio expidió Resolución mediante la cual declaró la urgencia manifiesta en una institución educativa oficial y ordenó la realización inmediata de las obras, estudios de patología, geotécnicos, diseños e interventoría, conducentes a mitigar el riesgo que representaba la institución. Las declaratorias de urgencia manifiesta y las mayores cantidades de obra encuentran un límite en la superación de la situación que dio lugar a la urgencia y el cumplimiento del fin del contrato suscrito para el efecto. CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS. Conforme a esta modalidad contractual, la sociedad demandante estaba obligada a ejecutar las obras requeridas por la entidad para superar la urgencia manifiesta con base en los diseños que se iban realizando por el consultor y en atención a los análisis de precios unitarios acordados, de manera que, aunque se previó un presupuesto inicial, el valor final y total del contrato correspondería al que resultara de multiplicar las cantidades de obras efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas. MAYORES CANTIDADES DE OBRA. Los informes mensuales de interventoría son consistentes al demostrar que las mayores cantidades de obra ejecutadas por el contratista fueron plenamente registradas y documentadas durante la ejecución del contrato y obedecieron a las definiciones de los diseños y los requerimientos de la entidad contratante para cumplir el objeto contractual y superar la urgencia manifiesta, quedando también consignadas en el informe final de interventoría y el acta de recibo final de las obras, por lo que no surgieron de manera intempestiva ni fueron ajenas para la entidad con anterioridad a la liquidación del contrato de interventoría, como se afirma para reprochar la decisión del Tribunal de primera instancia. El Director de Interventoría del contrato, afirmó que las obras requeridas para atender la urgencia en la institución educativa se ejecutaron dentro del plazo contractual, que el valor que el municipio pagó por concepto de mayores cantidades obras fue parcial y que desconocía las razones por las cuales la entidad contratante no procedió con su pago total según lo reportado y consignado en las actas de obra. Se confirma la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar que el municipio incumplió el contrato de obra pública al abstenerse de pagar la totalidad del valor consignado en las actas de obra que fueron avaladas por la interventoría y presentadas a la contratante con antelación a la liquidación del contrato de Interventoría (2024)