Consejo de Estado. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. Presunción de ley. Es una figura eminentemente procesal. Es una excepción que solo procede en los casos previstos en la ley. NO toda solicitud configura una decisión ficta así exista protocolización en escritura pública. DEBIDO PROCESO. Garantías. La competencia para establecer procedimientos administrativos corresponde de forma exclusiva al legislador y no a la autoridad administrativa. FALSA MOTIVACIÓN. Características. Estudio probatorio. DESVIACIÓN DE PODER. PRECIO. Las partes establecieron un procedimiento para modificarlo, contartista no podía exigir la variación a través de petición y beneficiarse del silencio de la administración. INTERVENTORÍA. Es una especie del contrato de consultoría. Funciones. Tiene por objeto supervisar o vigilar que la obra se construya de conformidad con lo estipulado en el contrato. Verificación de la calidad de los materiales e insumos utilizados por el contratista. El interventor omitió realizar las pruebas de calidad que debía efectuar en su labor de supervisión y vigilancia. Las actas mensuales de recibo de la obra debían contener una verdadera verificación de lo que estaba siendo entregado por el contratista. El visto bueno del interventor no es una mera aprobación formal para permitir el giro de recursos al contratista. ANTICIPO. El contrato estatal no puede convertirse, directa o indirectamente, en fuente llana de financiación del contratista sin dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. No es una herramienta para suministrarle flujo de caja al contratista (2023)
“… el reproche que se le endilga al consorcio XXXX se enmarca en que dejó avanzar el contrato sin que este cumpliera las condiciones requeridas para su correcta ejecución y sin la corrección de los defectos que advirtió, circunstancia que, a la postre, devino en la declaratoria de incumplimiento fundamentada en los defectos en el control de calidad de los recursos materiales utilizados para la obra”. Si bien en el EGCAP hizo referencia al silencio positivo en los anteriores términos, lo cierto es que no reguló el procedimiento para su invocación, razón por la cual resulta aplicable lo previsto en el artículo 85 del CPACA a efectos de la instrumentalización de la decisión ficta, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011 que determina que en lo no previsto en las leyes especiales, se aplicarán las disposiciones de este estatuto”.
