BOLETINES DE ACTUALIZACIÓN

ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN

ÍNDICE TEMÁTICO

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Concepto CCE. SOFTWARE. Modalidades de selección. SOFTWARE. Contratación directa. Artículo 2 numeral 4 literal g) Ley 1150 de 2007. Interpretación. CONTRATACIÓN DIRECTA. Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión – Artículo 2, numeral 4, literal h), Ley 1150 de 2007. Improcedencia para el aprovisionamiento de software. ¿Resulta procedente que una Entidad Estatal acuda a la contratación directa por la causal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, prevista en el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, para contratar un objeto cuyo alcance corresponde al suministro, instalación, configuración y funcionamiento de una solución de software?; y ii) ¿cuál es la modalidad de selección que corresponde a la adquisición de software, atendiendo a la naturaleza del bien o servicio que se pretenda contratar? (2026)

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Concepto CCE. SUBSANABILIDAD DE LAS OFERTAS. Requerimiento. Especificidad. Alcance. Ley 1882 de 2018. INFORME DE EVALUACIÓN. Traslado. Observaciones. Modificación. CAPACIDAD JURÍDICA. Personas jurídicas. Representante legal. Autorización del órgano social. Valor probatorio. DECLARATORIA DE DESIERTA. Procedencia. Selección objetiva. ¿cuál es el alcance del deber de las Entidades Estatales de requerir la subsanación de las ofertas y qué grado de especificidad debe tener ese requerimiento?; ii) ¿el traslado de las observaciones formuladas por un oferente sobre la oferta de otro sustituye el requerimiento de subsanación, y puede la Entidad modificar el informe de evaluación con base en dichas observaciones?; iii) ¿hasta qué momento pueden aportarse documentos que acrediten hechos anteriores al cierre del proceso?; iv) ¿cómo se acredita la autorización del órgano social competente cuando el representante legal tiene limitaciones, qué valor probatorio tienen las actas de los órganos de dirección de las personas jurídicas de derecho privado y cuál es la competencia de la Entidad Estatal para cuestionar el quórum o la validez de sus decisiones?; y v) ¿cuándo procede la declaratoria de desierta de un proceso de selección? (2026)

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Concepto CCE. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. Concepto. Fundamento axiológico. Fundamento constitucional. SECOP. Documentos del proceso. Deber de publicación. i) ¿Cuál es el alcance y la fuente normativa del deber de publicidad de la actividad contractual de las entidades estatales y mediante que sistema debe cumplirse dicha obligación?; ii) ¿Qué consecuencias jurídicas puede generar el incumplimiento de la obligación de publicar la documentación e información contractual exigidos por el ordenamiento jurídico en SECOP?; iii) ¿Cuál es la fuente normativa de la obligación de utilizar el SECOP II y mediante qué instrumentos ha establecido Colombia Compra Eficiente la incorporación progresiva de las entidades estatales a dicha plataforma? y; iv) ¡En qué condiciones determinadas entidades estatales pueden continuar gestionando sus proceso contractuales a través de SECOP I? (2026)

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Consejo de Estado. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. Los perjuicios reclamados correspondían a gastos causados antes de la expedición de los actos administrativos demandados. El término de caducidad debía contarse desde la liquidación del contrato o, respecto de los gastos posteriores, desde su causación. CONTRATO DE COMPRAVENTA. Aunque es, por regla general, un contrato de ejecución instantánea, las partes pueden pactar obligaciones cuyo cumplimiento se extienda en el tiempo, como ocurre cuando el precio se paga en varias cuotas o la entrega de los bienes se difiere o escalona. GARANTÍAS Y AMPAROS. Garantía técnica. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL. Las partes suscribieron acta de liquidación bilateral declarándose a paz y salvo. No se registraron salvedades. CONTRATO DE SEGURO. Naturaleza. Carácter estrictamente indemnizatorio. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. TIPOS DE AMPARO. Aunque el seguro de cumplimiento a favor de entidades públicas recibe la denominación de garantía única de cumplimiento, los amparos que lo integran son diferentes y se distinguen según la naturaleza de las obligaciones cuyo cumplimiento respaldan. Así, se diferencian los relativos al cumplimiento de las obligaciones principales del contrato estatal de aquellos asociados a las obligaciones de garantía y seguridad a cargo del contratista. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Diferencia. El recibo a satisfacción y la liquidación del contrato no impedían hacer efectivo el amparo por defectos de funcionamiento manifestados posteriormente. CAUSA DE LOS DEFECTOS DE FUNCIONAMIENTO. La prueba del defecto de funcionamiento corresponde al acreedor de la garantía; la de los hechos que excluyen la imputación jurídica por no obtenerse el resultado garantizado, al deudor. La Unión Temporal tenía la carga de probar que las condiciones locativas, ambientales o eléctricas de las aulas causaron los defectos posteriores del simulador (2026)

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Consejo de Estado. CONTRATO REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO. LIQUIDACIÓN BILATERAL CON SALVEDADES. En aquellos casos en los cuales el contrato se liquida por mutuo acuerdo entre las partes el documento contiene un consenso acerca de los datos, circunstancias y valores allí establecidos y solo podrá ser controvertido posteriormente: i) en los aspectos que hayan sido materia de salvedad expresa o ii) en aquellas partidas en relación con las cuales pueda probarse un vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) (2026)

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Consejo de Estado. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. Artículo 95 de la Ley 489 de 1998. Es una de las formas previstas por el ordenamiento jurídico para materializar el mandato de colaboración interinstitucional. Características. CONVENIO CON COMPROMISOS DE CARÁCTER ECONÓMICO. La cooperación en la asociación entre entidades puede ser administrativa, económica o técnica. LIQUIDACIÓN UNILATERAL. El convenio no se rige automáticamente por lo previsto en la Ley 80 de 1993, razón por la que resulta necesario revisar qué dispusieron las partes acerca de la liquidación de este. El Ministerio no estaba facultado para realizar la liquidación unilateral, se requería pacto expreso, claro e inequívoco. EN ESTE CASO NO HAY APLICACIÓN INMEDIATA DEL EGCAP. La aplicación del EGCAP en un caso como este solo podría ser posible cuando exista una verdadera laguna o falta de regulación normativa y/o convencional frente a lo convenido por las partes, pero aquí hay una prohibición clara sobre la imposición de obligaciones unilateralmente a través de actos administrativos para cualquiera de las partes involucradas. LOS ACTOS EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO CON EL PROPÓSITO DE LIQUIDAR UNILATERALMENTE EL CONVENIO SON REALMENTE ACTOS JURÍDICOS DE DERECHO PRIVADO (2026)

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Consejo de Estado. CONTRATO DE CONCESIÓN. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 1 de agosto de 2019, unificó su jurisprudencia en relación con el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales de contratos que, como el que ocupa la atención de la Sala, han sido liquidados bilateralmente después del vencimiento del término convencional y/o legalmente dispuesto para el efecto, pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento de este último, en el sentido de precisar que el cómputo debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. El Demandante no acreditó la configuración de los elementos de la responsabilidad contractual. LIQUIDACIÓN BILATERAL. LIQUIDACIÓN JUDICIAL. Viabilidad (2026)

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Consejo de Estado. PLANEACIÓN CONTRACTUAL. Los defectos de planeación no constituyen, por sí mismos, situaciones imprevistas susceptibles de afectar la ecuación económica del contrato, pues sostener lo contrario conduciría a confundir las instituciones del incumplimiento contractual y del desequilibrio económico del contrato. IMPUESTOS MUNICIPALES. PLANEACIÓN CONTRACTUAL. DEBER DEL CONTRATISTA. Deber de información. Debida diligencia DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL. ACUERDOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS POR LAS PARTES. Tanto en el acta de suspensión como en sus sucesivas prórrogas, el Consorcio y el Municipio regularon los efectos económicos derivados de estos actos (2026)

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Consejo de Estado. COASEGURADORAS. Están legitimadas para pretender la nulidad de los actos administrativos contractuales por medio de los cuales se adoptaron decisiones que impactaron directamente su situación jurídica. No tienen, en cambio, legitimación para pretender la declaratoria del incumplimiento del contrato de concesión. INTERÉS DIRECTO DE LAS COASEGURADORAS PARA SOLICITAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL OTROSÍ. Este acuerdo modificatorio se celebró con el único objeto de que el Distrito no perdiera la competencia para proferir las resoluciones enjuiciadas, por lo que la eventual nulidad absoluta del otrosí traería consigo la nulidad, por falta de competencia temporal, de los actos administrativos a través de los cuales se adoptaron decisiones que afectaron directamente los intereses de las coaseguradoras. En ese orden de ideas, es claro que las demandantes alegaron la nulidad absoluta del otrosí en la medida en que las decisiones que se adoptaran al respecto incidían directamente en su situación jurídica, mas no porque pretendieran cuestionar en abstracto la legalidad de este negocio jurídico, caso en el cual no tendrían legitimación en la causa. NULIDAD ABSOLUTA DE OTROSÍ. Niega pretensión. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. DEBIDO PROCESO. Los actos fueron proferidos por el Distrito con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Negación de prueba pericial que tenía por objeto demostrar el porcentaje de ejecución del contrato de concesión y controvertir lo señalado al respecto en un informe de interventoría. La irregularidad que se presenta en el procedimiento administrativo contractual impide a los contratistas o a los garantes el ejercicio de garantías y derechos asociados al debido proceso, como las garantías relativas a “aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad” y el derecho de defensa y contradicción (2026)

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Fiscal y disciplinario

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