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Supervisión e interventoría. Vigilancia de los negocios jurídicos del estado.

Responsabilidad disciplinaria.

La Ley 80 de 1993, en el artículo 4, ordinal 1.º, prevé como uno de los deberes y derechos de los entes estatales para la consecución de los fines de la contratación estatal, exigir al contratista la ejecución adecuada y oportuna del contrato. En concordancia con ello, los artículos 14[1] y 26[2] de la misma normativa disponen que todas las entidades y servidores públicos tienen la obligación de propender por el cumplimiento del objeto y fines de aquel, así como de vigilar su correcto desarrollo, en aras de salvaguardar los derechos que le asistan a la administración, al contratista y a los terceros que pudieren verse afectados con el contrato.

Esta labor se realiza a través de figuras conocidas como la interventoría y/o supervisión, las cuales dan cuenta de una función de control administrativo que se caracteriza por ejercerse respecto de los negocios jurídicos de la administración pública, con el propósito de verificar que los procesos de selección, celebración, ejecución y liquidación de aquellos actos jurídicos que resultan del consuno del Estado con otra persona de la misma naturaleza o de índole privada, natural o jurídica, se lleven a cabo con estricto apego a los principios y reglas que regulan la actuación contractual o convencional estatal y a aquellas que surgen del acuerdo de voluntades alcanzado por las partes, todo ello en pro de la transparencia que debe permear tales procedimientos y a efectos de que se garantice la satisfacción de los intereses generales por los que propende el respectivo contrato o convenio. 

La Ley 80 de 1993 no definió el contrato de interventoría, a diferencia del anterior estatuto de contratación estatal contenido en el Decreto Ley 222 de 1983, el cual señalaba que la entidad pública contratante debía verificar «[…] la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor […]»[3], quien podía ser un funcionario de la entidad o una persona natural o jurídica externa a esta, siempre que contara con experiencia en la materia objeto del negocio inspeccionado y estuviere registrado, calificado y clasificado como tal.

Tradicionalmente, en el ordenamiento jurídico colombiano, la tarea de fiscalización de los negocios jurídicos del Estado quedaba comprendida en su totalidad bajo la figura de la interventoría, sin embargo la Ley 1474 de 2011[4] introdujo la categoría de supervisión. Aunque materialmente las labores que corresponde desempeñar a los interventores y a los supervisores es la misma, pues en uno y otro caso se trata de una vigilancia a efectos de garantizar el cumplimiento del negocio jurídico estatal, jurisprudencial y doctrinalmente se han destacado dos diferencias entre una y otra figura.

 

Diferencias entre la supervisión y la interventoría

La primera de ellas radica en el sujeto que las ejerce pues mientras que la supervisión corresponde, por regla general, a la entidad pública contratante a través de uno o varios de sus funcionarios, la interventoría es desarrollada por un tercero ajeno al negocio jurídico, contratado para tal fin.

La segunda diferencia se encuentra en los conocimientos requeridos para su desempeño, pues se ha entendido que en la interventoría estos deben ser especializados[5]. No obstante, tal consideración puede ser matizada al advertir que en el caso de la supervisión el funcionario también debe contar con una preparación técnica y similar a la materia propia del objeto contractual pues de otra forma se encontraría imposibilitado para el ejercicio de la labor de inspección. Lo que sucede es que la interventoría recae sobre modalidades contractuales cuya ejecución suele precisar un alto grado de complejidad y, por ende, cuya vigilancia exige mayor especificidad y pericia[6]. 

A nivel normativo, la conceptualización de estas figuras se encuentra contenida en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con el cual:

 

[…] La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen […]

 

Aunque en principio la interventoría se encuentra limitada a asuntos de tipo técnico, la misma norma prevé la posibilidad de que, previa justificación, su objeto se extienda para abarcar la vigilancia administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato o convenio inspeccionado. Además, se ha señalado sobre el alcance del contrato de interventoría que el hecho de que recaiga sobre aspectos técnicos no desdice de la obligación que tiene el interventor de velar por la salvaguarda de los recursos involucrados en el negocio jurídico estatal, pudiendo con tal propósito ejercer un control sobre las condiciones económicas y financieras del contrato o convenio objeto de control.

 

[…] La Corte llama la atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la vigilancia, a saber el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y que en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realización de los fines estatales específicos que con él se persiguen, implica la protección de esos recursos […][7]

Lo dicho hasta ahora permite caracterizar la labor de interventoría y supervisión como una típica función administrativa, circunstancia que apareja importantes consecuencias entre las que cabe resaltar las facultades de las que se encuentran investidos los sujetos encargados de su ejercicio. Y es que, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del negocio jurídico estatal, aquellos pueden solicitar que se rindan las explicaciones, aclaraciones o informes del caso[8] e incluso impartir órdenes e instrucciones en forma escrita para que se adelanten todas las gestiones requeridas para el adecuado desarrollo del objeto contractual o convencional[9].

A pesar de que estas prerrogativas no le permiten al interventor o supervisor efectuar modificaciones a los términos del negocio jurídico fiscalizado, atribución cuya titularidad es exclusiva de las partes, tampoco puede considerarse que su labor se reduce a un asunto formal u operativo. Si el ordenamiento jurídico les confiere herramientas de tal envergadura es precisamente porque, en virtud de la trascendencia de la tarea que les ha sido encargada, busca que aquellos jueguen un papel activo y determinante en la correcta ejecución del objeto negocial.

Otra de las implicaciones anunciadas es que quienes desempeñan la supervisión o interventoría se encuentran sujetos a un régimen de responsabilidad civil, penal, disciplinario y fiscal por sus acciones u omisiones. (…).

Aunque en punto a la responsabilidad de los interventores el texto original del artículo 53 del estatuto contractual era solo de naturaleza civil y penal, esta norma fue modificada por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, en el sentido de que responderían también fiscal y disciplinariamente «[…] tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría». Con posterioridad, la disposición sería reformada por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018[10], que previó expresamente la responsabilidad de los interventores por «[…] la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondían conforme con el contrato de interventoría […]».

 

Vale la pena destacar que, en materia disciplinaria, la ley prevé como falta gravísima[11] y como causal de inhabilidad para celebrar contratos estatales[12] el incumplimiento del deber que tienen los supervisores e interventores consistente en «[…] mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente […]».

A manera de conclusión es plausible señalar que el óptimo y adecuado desempeño de las funciones asignadas a la interventoría y supervisión es de suma importancia, pues de su actuación dependerá que la administración adopte oportuna y adecuadamente las medidas necesarias para mantener, durante la ejecución del contrato o convenio estatal, las condiciones financieras, contables, jurídicas, administrativas y técnicas que fueron previstas en él, previniéndose de esa manera, la afectación de los intereses del Estado y un posible detrimento en el patrimonio público, o la responsabilidad que le puede asistir a la entidad, por «[…] las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas», en armonía con los artículos 90 superior y 50 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la penal, civil, disciplinaria y fiscal que se le endilgue al servidor público o contratista interventor que haya dado lugar a ello”.

Responsabilidad del interventor y el supervisor en la terminación y liquidación de los contratos.

“… la liquidación del contrato o convenio estatal es una etapa de vital importancia pues se trata del acto jurídico que pone punto final a la relación negocial existente entre la administración pública y su contraparte, resolviéndose todos los asuntos relativos al estado en que se encuentra el acuerdo de voluntades, de manera que tras su perfeccionamiento se produce la clausura o extinción definitiva del vínculo contractual o convencional.  (…)”.

“… la Ley 1150 de 16 de julio de 2007, que entró en vigor el 1de enero de 2008, dispuso en su artículo 32 la derogatoria del inciso primero de la precitada norma con excepción de la expresión «Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran serán objeto de liquidación». Por su parte, el artículo 11 de la misma ley aclaró en relación con el plazo para la liquidación de los contratos que:

[…] se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo […]

De lo anterior, se infiere que los contratos o convenios estatales pueden someterse a liquidación (i) bilateral (ii) unilateral o (iii) judicial. La primera, entendida como un acuerdo de voluntades, un verdadero negocio jurídico a través del cual las partes involucradas convienen los términos en que finalizará la relación negocial. Las oportunidades para llevarla a cabo son (i) el término establecido de común acuerdo por las partes en el contenido del contrato o convenio, a falta de este; (ii) dentro de los 4 meses siguientes a que expire el periodo previsto para la ejecución del negocio o a la expedición del acto administrativo que ordenó su terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga; (iii) dentro del término de caducidad de la acción judicial con pretensión contractual, siempre y cuando no se haya notificado el auto admisorio de la demanda que pretende la liquidación judicial, ya que en tal caso la administración perdería la competencia para tal efecto.

En el presenta caso, el Consejo de Estado reprochó el hecho que el funcionario no actuó con diligencia para que se llevara a cabo la liquidación del convenio y no adelantara las gestiones necesarias para conseguir la información para adelantarla.  Indicó la Sala que la demandante debió requerir con prontitud al contratista para que en el menor tiempo posible cumpliera con la ejecución del convenio, remitiendo los informes o agotando todas las herramientas legales posibles para poder, por sus medios, levantar el acta. Adicionalmente, advirtió la Sala, no se encontraron cumplidas de manera satisfactoria las obligaciones de la interventoría, “toda vez que las actividades desplegadas por la delegataria fueron mínimas en el sentido de que, si bien es cierto se presentaron los informes respectivos y se realizaron reuniones, de sus actas no se deduce el control estricto y verificable sobre cada una de las actuaciones del IICA, para cumplir el objetivo contractual.

En efecto, la sola redacción y suscripción de las actas e informes citados en precedencia no puede dar lugar a considerar satisfactoriamente cumplida la función de interventoría pues aunque formalmente ello pudiera generar tal apariencia, el estudio de esa documentación lleva a concluir que se pretermitió un análisis acucioso y detallado respecto de la información financiera relativa a la ejecución del convenio, prefiriendo tomar por cierta los balances y reportes entregados por el IICA, sin que haya prueba de que se formuló algún tipo de cuestionamiento o se aplicó algún método de comprobación que permitiera establecer su veracidad y sujeción a las normas contables”.

La responsabilidad de los servidores públicos.

Debe resaltarse, que la responsabilidad de los servidores públicos se configura no solo por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, sino también por infringir la Constitución y las leyes, tal y como se deriva de la expresión «Los servidores públicos lo son por la misma causa» contenida en el precepto Superior, aspecto que se remarca en el artículo 123 ejusdem, al determinar que quienes presenten esta forma de vinculación están al servicio del Estado y de la comunidad y además están en la obligación de cumplir sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

En efecto, el de nombramiento es un acto – condición que exige la posesión de la persona designada para que logre la vinculación como servidor público, actuación que, a su vez, requiere que el designado preste juramento no solo de desempeñar los deberes que le incumben en tal estatus, sino también de cumplir y defender la Constitución, tal y como lo consagra el artículo 122 de la Constitución Política, al señalar «Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben», situación que impone un código de conducta ajustada a las normas que se comprometió a cumplir en las actuaciones que desarrolle en tal calidad.

 

De allí se deriva que la falta disciplinaria se realiza por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, por extralimitación de sus funciones, pero también con ocasión de ellos[13], concepto que se acompasa con la finalidad del derecho disciplinario, esto es, la búsqueda del interés general encausado a través de la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado, en los términos del artículo 2 de la Carta Política”.

El ejercicio de la función pública.

“…el término «función pública» hace alusión a las actividades que desarrolla el Estado y permite determinar las  competencias  de  los diferentes  órganos estatales[14], toda vez que la propia Carta Política establece en el artículo 122 que «[…] no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento […]».

En términos de la Corte Constitucional[15] «[…] La función pública, implica el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este modo, asegurar la realización de sus fines. Se dirige a la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad […]» (Subraya la Sala).

Bajo tales parámetros, la función pública envuelve el desarrollo de labores asignadas por la Constitución, la ley o el reglamento, con las cuales se pretende: i) cumplir los fines del Estado y; ii) la satisfacción del bien general. Por ende, su ejecución conlleva que quienes deben cumplirla lo hagan con respeto y acatamiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

La función pública y el ejercicio de la interventoría.

“…es importante señalar que la interventoría cumple un papel primordial dentro del ejercicio de la función pública, la que se debe atender con el más alto compromiso y responsabilidad, para lo cual es menester efectuar con rigor la vigilancia, el control y el seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios sobre los cuales recaiga, en tanto su inobservancia pone en riesgo la operatividad de la entidad.

De acuerdo con lo explicado, la interventoría es un mecanismo que propende por garantizar la buena marcha de la actividad contractual y convencional del Estado y, en esa medida, tiene una íntima relación con la salvaguarda de «[…] los fines estatales[16], la continua y eficiente prestación de los servicios públicos […]»[17], como teleología última de aquella actividad.

En tal virtud, el ejercicio de la labor de fiscalización y vigilancia de los contratos estatales tiene un vínculo inescindible con el principio de interés público, como quiera que su satisfacción constituye la causa misma de la celebración y ejecución de aquellos. En otras palabras, estos buscan servir de manera objetiva a los intereses generales, los que, en consecuencia, deberían ser salvaguardados a través de figuras como la interventoría.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa al expresar que una de las formas en que se proyecta el comentado principio en materia contractual es aquella en que debe conducirse el erario público, evitando malversaciones y ligerezas respecto de este, a través del adecuado uso de herramientas como la planeación y la vigilancia de la actividad contractual de la administración pública. Sobre el particular, ha precisado esta Corporación:

[…] La administración no puede disponer del erario público  de manera ligera, y por ello no es admisible que, sin que se haya probado un daño, indemnice, pues ello supone el quebrantamiento del principio de que la  función administrativa  está al servicio del interés general, así como del principio de la eficiencia económica, que a su vez, supone  la distribución óptima de los recursos  disponibles –eficiencia en la asignación- y el rendimiento  en la utilización de esos mismos recursos es decir la  producción a mínimo costo –eficiencia productiva […][18]

En armonía con ello, debe destacarse igualmente que la fiscalización de los negocios jurídicos del Estado propende por la realización de principios constitucionales como la eficacia[19], en cuanto contribuye al logro de los efectos positivos propuestos a través de aquellos, y la eficiencia y economía[20], en la medida en que su debida ejecución debe permitir que se alcancen los objetivos propuestos incurriendo en el menor costo posible, generando así la protección de los dineros públicos”.

En relación con el caso concreto, la Sala advirtió que “la deficiente interventoría técnica y financiera contribuyó a que quedara irresuelta la liquidación del Convenio 3 de 2007; a que en la vigencia 2008 se excedieran los gastos de administración y operación legalmente permitidos, en parte, debido a la indebida clasificación de estos rubros en el Convenio 55 de 2008; y a que tan solo finalizando la ejecución del Convenio 37 de 2009 se advirtiera la necesidad de modificar su valor debido al fracaso en la ejecución de este, teniendo que disminuir el rubro de divulgación, que constituía el objeto del contrato, en un 80%, mientras que a la par se incurrió inoficiosamente en una serie de costos operativos y administrativos. Todo lo anterior, con las graves consecuencias que ya se señalaron a la hora de estudiar cada uno de los anteriores problemas jurídicos, lo que sin duda alguna perturbó los fines propios del Estado y los objetivos del Programa Agro Ingreso Seguro-AIS, además impidió que eventualmente las diferentes convocatorias de riego y drenaje pudieran beneficiar a más personas. (…).

Así las cosas, en el caso sub judice, se concluye que el ejercicio irregular de la interventoría asignada a la demandante, que ejecutó por intermedio de los actos de su delegataria, fue una conducta sustancialmente ilícita toda vez que no impartió oportuna y adecuadamente las instrucciones necesarias para vigilar y asegurar la correcta ejecución de los Convenios 55 de 2008 y 37 de 2009, lo que afectó su deber funcional en contravía de los principios orientadores de la función administrativa de interés público, eficacia y economía.

Asimismo, con su actuación descuidada y desentendida, contribuyó a que el Convenio 3 de 2007 no fuera oportunamente liquidado, obligación que le fue asignada no solo en el clausulado contractual sino en los manuales de interventoría del MADR, lo que dio lugar a que venciera el plazo máximo legal establecido en el estatuto de contratación para dicho trámite, por lo que no se pudo conocer cómo quedaron las cuentas finalizada su ejecución, y la entidad perdió la oportunidad para ejercer la acción judicial para cualquier reclamación.

En conclusión, la conducta desarrollada por la señora Alba Sánchez Ríos sí fue sustancialmente ilícita en los términos del artículo 5 de la Ley 734 de 2002 por cuanto con ella vulneró principios de la función administrativa esenciales para el buen desarrollo de la administración, afectó los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política y transgredió principios como el de satisfacción del interés general, eficacia, eficiencia y economía. Aunado a ello, no existe causal de exoneración de responsabilidad que justifique la conducta o la torne lícita”.

[1] «ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley.

2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente.

PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales».

[2] «ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

3o. <Apartes tachados derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos.

4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.

5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma.

6o. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.

7o. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

8o. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado».

[3] Artículo 20, Decreto Ley 222 de 1983.

[4] «Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública»

[5] La Corte Constitucional expresó que a la interventoría: «[…] le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su  cabal desarrollo, de acuerdo  con los conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales la administración precisamente acude a sus servicios […]».Sentencia C-037 de 28 de enero de 2003, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 17, 46, 53, 93, 143, 160, 165 (parciales) de la Ley 734 de 2002 «por la cual se expide el Código Disciplinario Único» y 115 (parcial) de la Ley 270 de 1996 «Estatutaria de la Administración de Justicia», actor: Oscar Antonio Márquez Buitrago.

[6] Como ejemplo pueden citarse los contratos de obra que deben someterse a proceso de licitación pública, pues por disposición del artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993 tienen que contar obligatoriamente con interventoría. Ahora bien, es importante señalar que, con independencia de la modalidad de selección del contratista, en aquellos casos en que el valor del contrato de obra pública supera la menor cuantía, los estudios previos se deben pronunciar sobre la necesidad de contar con interventoría, para lo cual ha de tenerse en consideración si la entidad tiene o no la capacidad para asumir directamente su supervisión, así lo dispone la Ley 1474 de 2011, artículo 83, parágrafo 1.º.

[7] Sentencia C-037 de 28 de enero de 2003, Corte Constitucional.

[8] Artículo 84, inciso 2, Ley 1474 de 2011.

[9] Artículo 32.2, Ley 80 de 1993.

[10] «Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones».

[11] Artículo 48, numeral 34, Ley 734 de 2000, modificado por el artículo 84, parágrafo 1.º, Ley 1474 de 2011.

[12] Artículo 8, literal k, Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 84, parágrafo 2, Ley 1474 de 2011.

[13] Artículo 27 de la Ley 734 de 2002.

[14] C-563 de 1998.

[15] C-631 de 1996.

[16] ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

[17] Artículo 3 de la Ley 80 de 1993.

[18] Auto del 31 de agosto de 2000, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 16711, Actor: Consorcio Equipo Universal y Cía Constructora CODIMEN.

[19] El inciso 5 del artículo 3 del Decreto 01 de 1984, señala que «[…] En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado […]».

[20] Según el inciso 2 del artículo 3 del Decreto 01 de 1984, «[…] En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa […]».