Correo Electrónico Contraseña
Registrarse |  ¿Olvidó su contraseña?
No YouTube Video found.
Procedencia de unificación jurisprudencial a través de sentencias y autos de unificación.
 
“(...) Para tal efecto, precisa la Sala, conforme a su propio precedente, que bien puede cumplirse la función unificadora de jurisprudencia vía sentencias o autos interlocutorios, según el tópico que ocupe la atención de la Sala en cada caso.

Ello es así por la elemental pero poderosa razón según la cual cualquier providencia dictada por autoridad judicial es expresión de un criterio jurídico, de allí que cualquiera de las dos especies que constituyen manifestación de la actividad judicial, autos y sentencias, tengan la aptitud para unificar jurisprudencia. De hecho, este también ha sido entendimiento dado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a esta figura, tal como se advirtió en la providencia de 25 de junio de 2014: “[E]n criterio de esta Corporación no resulta admisible que se excluya o aplique de manera aislada el numeral 3 del artículo 111 del CPACA, sin efectuar una hermenéutica sistemática que permita a la Sala de lo Contencioso Administrativo fijar posiciones en todo tipo de providencias, es decir: autos y sentencias”.”

Descargue el documento completo Procedencia de unificación jurisprudencial a través de sentencias y autos de unificación.
Sentencia Consejo de Estado. Aplicación de las sentencias de unificación.
La figura de la sentencia de unificación jurisprudencial por importancia jurídica, por trascendencia social o por necesidad de sentar jurisprudencia solo se aplica a los procesos regidos por la Ley 1437 de 2011, no a los iniciados en vigencia del Decreto 01 de 1984.
Consejo de Estado. NO es posible extender los efectos de una sentencia de la Corte Constitucional a través del mecanismo de extensión de la Jurisprudencia.

"a través del mecanismo en cuestión no es posible extender los efectos de una decisión proferida por la Corte Constitucional, mucho menos en materia de tutela, cuando es ese mismo órgano el único que tiene facultades para hacer extensivos los efectos de un fallo de esta naturaleza, a través de las distintas figuras modulativas del decisum. Por otro lado, del plenario se advierte que los tutelantes no invocaron como desconocida ninguna sentencia de unificación del Consejo de Estado, ni cualquier otra de esta Corporación relacionada con la reparación por desplazamiento forzado. Así las cosas, al no reunirse las condiciones para que se pueda acceder al amparo deprecado por la parte accionante, sin mayores consideraciones, esta Sala procederá a confirmar el fallo del 12 de agosto de 2014, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que denegó las pretensiones de la demanda de tutela”.

Sentencia Corte Constitucional. Efectos de desconocer el precedente judicial.

"En forma coincidente, el fallo C-335 de 2008 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) analizó el planteamiento de un ciudadano en torno a si el injustificado desconocimiento del precedente judicial podría o no conducir a la comisión del delito de prevaricato por acción. Frente a este cuestionamiento, la Corte encontró que el comportamiento de proferir “resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley”, que en el caso de este tipo penal es la conducta que origina la sanción23, incluye la situación que se presentaría cuando la jurisprudencia desatendida es la contenida en las sentencias emitidas por este tribunal en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, lo mismo que cuando el desconocimiento de la jurisprudencia traiga consigo la infracción directa de preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general. Esta conclusión sin duda constituye una nueva reiteración de la consistente postura de esta Corte, respecto de la trascendencia y obligatoriedad de los precedentes judiciales".

Concepto Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Extensión de la Jurisprudencia. Efectos, Sanciones.
Auto Consejo de Estado. El requisito previo ante la entidad estatal es obligatorio porque salvaguarda el debido proceso.

Temas: 1. La extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Es un mecanismo que tiene por objeto que en relación con los casos cuyos supuestos fácticos y jurídicos sean iguales a aquellos que hubieren sido objeto de pronunciamiento en sede judicial, por vía de una sentencia de unificación jurisprudencial en la que se haya reconocido un derecho, la Administración los resuelva en forma idéntica, bien sea porque es su deber hacerlo de manera oficiosa, o porque sea la parte interesada la que se lo haya solicitado en los términos del artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ésta petición debe presentarse en primera instancia ante la autoridad correspondiente y no de manera directa ante el Consejo de Estado, pues éste solo se ocupará del tema cuando la respectiva autoridad se niegue a atender favorablemente la solicitud, bien sea de manera expresa o tácita, y siempre que la parte interesada así se lo solicite.

El trámite previo ante la autoridad competente es obligatorio, pues no solo es un presupuesto formal, sino que tiene repercusiones sustanciales pues también implica el respeto de las garantías del debido proceso de la entidad estatal.

Sentencia Consejo de Estado. Diferencia entre antecedente y precedente.

En consideración al caso estudiado la Sala  repasará la doctrina reiterada de esta Corporación en torno a la diferencia entre los conceptos de antecedente y precedente.

 

El antecedente se refiere a la  decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.

 

El segundo concepto – precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

 

Esta noción ha sido adoptada en sentencias como la T-794 de 2011, en la que la Corte indicó, con elementos ya mencionados en este fallo,   los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el precedente:

“(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.

El precedente no sólo es orientador sino obligatorio, como se explica a continuación. (…).

En suma, según criterio vigente de esta  Corporación el desconocimiento sin debida justificación del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe”.

SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN
Sentencia Consejo de Estado. Rectificación jurisprudencial actos precontractuales.
En sentencia notificada el 17 de septiembre de 2015, se indicó que esta sentencia es de unificación en relación con el tema de actos precontractuales.   Ver sentencia. Sentencia Consejo de Estado. Garantía de seriedad. Irrevocabilidad de la oferta. Los actos precontractuales.
Sentencia de Unificación. Pacto arbitral.

El Consejo de Estado resolvió UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado acerca de los requisitos formales que deben observarse para modificar o dejar sin efecto un pacto compromisorio (cláusula compromisoria o compromiso) celebrado por las partes de un contrato estatal, en los términos señalados en la parte motiva de la presente providencia.       

Reiteración unificación. Renuncia pacto arbitral. (28730)
Sentencia de Unificación. Caducidad del contrato estatal. Límite temporal para declararla.
¿Es anulable por falta de competencia temporal el acto a través del cual el municipio declaró la caducidad del contrato, habida cuenta de que fue expedido con posterioridad a la extinción del plazo de ejecutoria del contrato? Si bien es cierto que el demandante no atacó el acto administrativo con base en ese argumento, también lo es que la falta de competencia constituye el más grave de los vicios que puede afectar la validez de un acto y, por tal razón, puede ser declarado de oficio.
Sentencia de unificación Corte Constitucional. Debido proceso. Procedencia de la Acción de Tutela para dejar sin efectos un acto administrativo.
Sentencia de unificación. Régimen pensional de funcionarios de la rama judicial y de los magistrados de altas corporaciones.

Los magistrados de las Altas Corporaciones que tengan regulada su situación pensional por lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971; concretamente aquellos que al amparo del régimen de transición se rijan por sus disposiciones, en razón a que este decreto, no es reglamentario de la Ley 4 A de 1992, de ninguna manera, puede aplicársele las restricciones establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, pues esta decisión encuentra restringido su objeto sólo a las pensiones congresionales con origen en la Ley 4a de 1992 - Art. 17 y por extensión legal a las pensiones de los Magistrados de las Altas Cortes de Justicia, según el Decreto 104 de 1994 - Artículo 28-.

Sentencia de unificación. Perjuicios inmateriales.
Sentencia de unificación. Interpretación Art. 126 Constitución Política. Ley de cuotas.

“ARTICULO 126. Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.

Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos”.

La Corte Constitucional indicó:

“En este caso el examen se adelanta teniendo como norte la guarda e integridad del orden constitucional, de donde la elección se preserva, sí y solo sí, responde al espíritu de la Carta fundamental, considerando, especialmente, los principios democrático y pluralista y las salvaguardas indispensables para realizar el Estado de derecho que repele cualquier forma de concentración del poder en unos cuantos, sea cual fuere la rama en que se ejerza.

Como pudo constatar la Sala y se deriva de los distintos métodos de interpretación jurídica aplicados en la presente sentencia, el inciso segundo del artículo 126 C.P. –reproducido por el último inciso del artículo 53 de la LEAJ– debe ser leído a la luz del conjunto de normas constitucionales sin agotarse en su texto o en su letra. Solo trascendiendo la literalidad del precepto resulta factible cumplir la finalidad que impone la Constitución al ejercicio de la función electoral y así evitar que el acto de elección i) rompa el equilibrio institucional, ii) genere tratamientos injustificadamente desiguales, iii) propicie prácticas indebidas, como el conflicto de intereses, el clientelismo y, en general, iv) avale comportamientos contrarios a los principios del artículo 209 C.P.

Bajo esa perspectiva, las restricciones impuestas a la competencia para elegir, previstas en el inciso segundo del artículo 126 C.P. –reproducido por el último inciso del artículo 53 de la LEAJ– no se limitan a los vínculos de consanguinidad, maritales o de unión permanente, entre elector y aspirante. Incluyen la condición de este último de elector del primero, pues, de no ser ello así, el conflicto de intereses de un posible “yo te elijo tú me eliges” i) atenta contra el ejercicio desconcentrado del poder público; ii) genera conflicto de intereses y se presta para clientelismo; iv) afecta el principio de transparencia, v) pone en tela de juicio la imparcialidad y vi) quebranta el derecho de acceder a los empleos públicos en condiciones de mérito, igualdad y equidad. Desconociendo en un todo los artículos 126, 209 y 255 constitucionales.

Los distintos métodos de hermenéutica jurídica traídos a colación en la presente sentencia respaldan el entendimiento según el cual resulta preciso trascender la literalidad del inciso segundo del artículo 126 C.P. y confirman que una interpretación estrictamente literal del precepto en cuestión no solo sería contraria al compendio axiológico del texto constitucional leído en su conjunto, sino que traería consecuencias muy negativas en relación con la materialización del principio democrático y el equilibrio institucional, así como desconocería la obligación de impedir la concentración del poder y el ejercicio arbitrario, injustificadamente discriminatorio, desproporcionado y abusivo del mismo.

Así, en aras de preservar el verdadero sentido de las normas constitucionales que sustentan la provisión de cargos públicos miradas a la luz de distintos horizontes interpretativos, ha de concluirse que en los procesos de elección la persona del original elector debe entenderse incluida en el alcance de la salvaguarda establecida por el inciso segundo del artículo 126 C.P., sin que ello comporte “extender”, “ampliar”, ni “interpretar analógicamente o restrictivamente” el precepto aludido.

Conclusión que se ve reforzada con el mandato contemplado por el inciso tercero del artículo 255 C.P., en cuanto prevé que los miembros del Consejo Superior de la Judicatura no podrán ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones postulantes, lo que evidencia que se habrá de estar vigilante para que la designación de los magistrados de la Sala Administrativa no recaiga entre quienes integran el órgano elector.

El propósito principal de la norma citada consiste en impedir la concentración del poder en algunos y en evitar que se introduzca la práctica de la cooptación plena, proscrita por la Constitución de 1991. Esto es así, porque el concepto de Estado democrático exige que se garantice la participación y el pluralismo y, a la par, se asegure la materialización del principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos, lo que debe ocurrir de manera objetiva, asegurando procesos en los que impere el mérito y la transparencia y no el clientelismo ni el intercambio de favores, ajenos a los principios que rigen la función pública.

Se trata también de preservar la autonomía de la rama judicial y de garantizar la libertad en el momento de elegir a los representantes de las distintas jurisdicciones en los órganos de dirección y administración de la rama, asegurando la representación de la administración de justicia, pero siempre en el sentido de afianzar el principio democrático y no de desvirtuarlo o desconocerlo.

Y, cabe nuevamente insistir en que los preceptos vulnerados no pueden hacerse equivalentes a prohibiciones en el sentido técnico jurídico del término y tampoco tienen una naturaleza sancionadora, por lo que no se deriva de los mismos una restricción a la libertad. Constituyen una regulación acerca de la manera como debe ejercer su competencia quien ejerce la función electoral, sujetándola a unos estrictos requerimientos jurídicos, para preservar los principios propios del Estado social, democrático y pluralista de derecho, sin observancia de los cuales, la elección carece de validez y así habrá de declararse”.

Sentencia de Unificación. En relación con la forma de probar el derecho real de dominio sobre un bien inmueble dentro de los procesos que cursan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia Consejo de Estado. Antecedentes normativos y línea jurisprudencial sobre el impuesto predial. Sujetos pasivos del impuesto predial. Precisión jurisprudencial.
Sentencia de unificación. Conciliaciones judiciales, prejudiciales y extrajudiciales.
Sentencia de Unificación. Contratos de prestación de servicios.
Sentencia de Unificación Consejo de Estado. Recurso de apelación. Grado Jurisdiccional de Consulta.

Temas: Sentencia de Unificación Jurisprudencial. El Consejo de Estado procedió a Unificar la Jurisprudencia: a. La competencia del Juez ad quem con ocasión del recurso de apelación.  b. La improcedencia del grado jurisdiccional de consulta cuando la sentencia sea apelada.

Sentencia de unificación Consejo de Estado. Consorcios y uniones temporales.
Sentencia de Unificación Consejo de Estado. Renuncia tácita cláusula compromisoria.
Sentencia de unificación Consejo de Estado. Derogatoria incentivo de acción popular.
Sentencia de unificación Consejo de Estado. Copias simples y tasación de perjuicios morales por privación injusta de la libertad..
Sentencia Consejo de Estado. Sentencia de unificación. Procedencia de la Actio in rem verso en relaciones contractuales. Enriquecimiento sin justa causa.
Salvamento de Voto. Sentencia de unificación procedencia de la actio in rem verso en relaciones contractuales.
Sentencia de Unificacion Consejo de Estado. Procedencia de la accion de tutela contra providencias judiciales.
Sentencia de Unificacion Consejo de Estado. Actuacion de la Procuraduria General de la Nacion y sus agentes en procesos judiciales.
Sentencia de Unificacion Consejo de Estado. Factores para liquidar la pension de personas sometidas a regimen de transicion de la Ley 100 de 1993
Sentencia de Unificacion del Consejo de Estado. Inhabilidad del servidor publico.
Sentencia Consejo de Estado. Precedente jurisprudencial sobre falla del servicio. Reiteracion de jurisprudencia sobre representacion judicial de la Nacion.
Temas: 1. Precedente jurisprudencial nacional e internacional sobre falla del servicio por exceso de la fuerza pública. 2. Daño moral. Tasación a través de la aplicación del arbitrio juris que se fundamenta en la sana crítica y las reglas de la experiencia. No es procedente la aplicación del principio de proporcionalidad en este caso.  Reiteración jurisprudencial. 3. Aplicación del principio de proporcionalidad. 4.  Valoración de la prueba testimonial. El Consejo de Estado retoma en esta sentencia lo relacionado con el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en materia de valoración de la prueba testimonial, indicando que: "En lo que respecta a la valoración de la prueba testimonial, la doctrina ha sostenido lo siguiente (…) A su vez, se han determinado criterios objetivos de valoración probatoria del testimonio como lo son: (i) probidad de quien interviene en la prueba, en el que se tiene en cuenta las condiciones personales del testigo, la aptitud en la declaración; (ii) ciencia, relacionados con la fuente de conocimiento del testigo; (iii) credibilidad que es la conducencia de la declaración; y (iv) la concordancia entendida como la coherencia guardada con los demás medios de prueba".
Sentencia Corte Constitucional. Precedente jurisprudencial. Aplicación actual.
MATERIAL CONTRATACION EN LINEA LEY 1437 DE 2011