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Consejo de Estado. Convenio interadministrativo entre entidades con régimen privado. Liquidación unilateral. NO es un acto administrativo. No es exigible demandarlo para que el juez se pronuncie sobre

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Consejo de Estado. Sección III. Subsección C. 

MP:               Jaime Enrique Rodriguez Navas

Radicación:   6601233100020100000301

Radicación Interna:  43036

Demandante:  MEGABUS S.A.

Demandado:   Empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira.

Naturaleza:     Controversias contractuales.

Fecha de la providencia:   30 de septiembre de 2019

Fecha de notificación.       31 de octubre de 2019

Temas:

 

Régimen especial. Liquidación unilateral expedida por entidad con régimen especial.  Convenio interadministrativo.  NO es un acto administrativo.

 

Impugnación del acta de liquidación unilateral para que proceda pronunciamiento sobre declaraciones y condenas presentadas en acción contractual.

Explicó la Sala que la entidad demandante es una empresa que se rige por las normas aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado “en cuanto desarrolla actividades comerciales en el marco de un mercado regulado, se rige por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales y sus contratos se someten a las disposiciones del derecho privado previstas principalmente en los Códigos Civil y de Comercio y por las especiales que le sean aplicables, interpretadas a la luz de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal contemplados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política”.

Por otro lado, advirtió que la empresa demandada se rige por la normatividad de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

El contrato se rigió por el régimen privado (por haberse celebrado antes de la Ley 1150 de 2007) “vale decir, regido por el principio de la autonomía de la voluntad, en virtud del cual, ninguna de ellas podía adoptar decisiones unilaterales aptas para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, derechos u obligaciones a cargo o en favor de la otra, sin su consentimiento.  Tal régimen de derecho privado, establecido, como estaba, por la ley, no podía ser modificado para atribuir esa potestad administrativa a las partes merced a meras inferencias derivadas del entendimiento de la naturaleza interadministrativa del convenio que celebraban”.

“Por supuesto, tampoco podía la EAAP, merced a un estatuto interno de contratación, atribuirse tal potestad que no le confería el ordenamiento legal, y si su estatuto de contratación preveía la liquidación unilateral de sus contratos o convenios a iniciativa suya, esa normativa había de interpretarse como cabía entenderla en un marco de derecho privado, en el que cualquiera de las partes de un contrato puede hacer cortes unilaterales de cuentas definitivas de la ejecución contractual. Pero en modo alguno, para entender que tal corte de cuentas esté revestido de los atributos de ejecutividad, obligatoriedad y presunción de inocencia, propios de los actos administrativos”.

“Ahora bien, siendo esto así, tampoco podía exigirse a XXXX, la demanda de la nulidad del acto de liquidación unilateral como presupuesto para deprecar otras declaraciones y condenas por causa del convenio, pues tal exigencia sólo tiene justificación, cuando la administración (en sentido funcional) ha expedido un acto administrativo, en cuanto tal, revestido de presunción de legalidad, por cuanto, merced a ella, hasta tanto no sea abatida tal presunción y el acto sea expulsado del ordenamiento, la judicatura no puede conceder pretensión alguna de condena y por tanto de sentido contrario al referido acto”.

Incumplimiento contractual.

En primer orden, quien pretende que la jurisdicción declare el incumplimiento de la obligación a cargo de la otra parte en el contrato, debe probar la prestación, vale decir, la conducta o los comportamientos específicos a cargo del enjuiciado (deudor), encaminados a honrar el vínculo en la forma, tiempo, modo y lugar comprometidos al “tenor de la obligación”[1] convenida. Esta carga conlleva la obligación de probar “la estructura del vínculo, los matices que presente, las particularidades de la orientación que el deudor ha de imprimir a su conducta” o a la determinación de la cosa cuando se trata de obligaciones de entregar un bien[2].

Pero, además, debe probar que el incumplimiento se derivó de una obligación exigible porque mientras no lo sea “el deudor debe y el acreedor espera que le cumpla”[3], en tanto que sólo la obligación debida e insatisfecha bajo cualquiera de sus modalidades (absoluto, imperfecto o tardío) y afectada con la mora del deudor habilita al acreedor a activar los remedios judiciales para proteger sus intereses, bien sea reclamando el cumplimiento “in natura” de la obligación, la satisfacción mediante equivalente pecuniario o la resolución del vínculo, con indemnización de perjuicios”.

 

La Sala concluyó que “pese a que fueron probadas las obligaciones convencionales de XXXX y la EAAP, y que la primera satisfizo el deber de ejecutar dentro de las obras públicas de construcción de vías para el tránsito del sistema de transporte masivo, trabajos relativos a acueducto y alcantarillado en las áreas de construcción de las troncales, no se probó que las sumas reclamadas tuvieran que ser reconocidas por la EAAP en tanto según los términos del mismo convenio su valor era estimado, es decir, estaba condicionado a que correspondiera a obras de acueducto y alcantarillado aprobadas expresamente por la demandada, manifestación de voluntad que formaba parte de la estructura de la obligación, en su prestación y contenido, y por lo tanto debía ser acreditada dentro de este juicio”.



[1] Código Civil – Artículo 1627: “El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes. // El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida.”

[2] Hinestrosa, Fernando. “Tratado de las Obligaciones. Concepto. Estructura. Vicisitudes.” T. I. 3ª ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. D.C. 2007. p. 111.

[3] Ibíd. p. 72.