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Estabilidad de la obra. Debido proceso. Motivación de los actos administrativos. Declaratoria de siniestro de estabilidad de la obra.
By: System Administrator on mircoles, septiembre 16

Estabilidad de la obra. Acto administrativo que declara el incumplimiento de las obligaciones del contratista respecto de la estabilidad de la obra. Debido proceso. Motivación.

Se negaron las pretensiones de la demanda, pues en concepto de la Sala no bastaba con sostener “sin prueba técnica alguna que la falla se debió a la necesidad de fresar previamente toda el área de la pista que, por demás, no fue contemplada en el contrato, pues este era uno de los tantos métodos constructivos que permitía corregir las deformaciones originales y garantizar un adecuado perfil, de manera tal que deviene insuficiente para exonerar al contratista de la responsabilidad por causa de las prematuras deficiencias estructurales que presentó la obra”.

Garantías de la estabilidad de la obra. “El amparo de estabilidad de la obra tiene por objeto la cobertura de los riesgos que soporta la entidad contratante en aquellos eventos en los que con posterioridad a la terminación y entrega a satisfacción de la construcción o edificación, se presenten graves deterioros que por causa de un vicio oculto no se podían advertir con anterioridad e impidan su normal utilización.

Es de recordar, además, que la garantía de estabilidad de la obra tiene su fundamento en lo dispuesto por numeral 3º del artículo 2060 del Código Civil que estableció la obligación, por parte del constructor, de responder en aquellos eventos en los que la obra ejecutada amenace ruina, bien sea por vicios en la construcción, en los materiales utilizados por vicios en el suelo que el contratista debió conocer”.

 

La motivación del acto administrativo.

“… la motivación en los actos contractuales es obligatoria y debe ajustarse a la verdad, so pena de que se rompa la presunción de legalidad que el ordenamiento les otorga a las decisiones de la Administración. Sobre esto y en esta materia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha enfatizado en que la motivación es un elemento estructural del acto administrativo, a tal punto que su ausencia acarrea la nulidad de la decisión”.

Recordó la Sala que la entidad pública no solo debe incluir los supuestos de hecho y derecho que soporten la ocurrencia del siniestro y su atribución al contratista, sino también debe demostrar el valor de las reparaciones de las obras que permitan continuar con la prestación normal del servicio, obligación que tiene su fundamento en el artículo 1077 del Código de Comercio, que estableció que “corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso”.

El debido proceso en las actuaciones contractuales.

“…la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado de tiempo atrás que las actuaciones administrativas contractuales se encuentran regidas por el derecho fundamental al debido proceso, de manera tal que cuando la administración se disponga a expedir una decisión que afecte los derechos e intereses de quienes intervienen en las actuaciones adelantadas en materia contractual – los proponentes en los procedimientos de selección y los contratistas en los negocios jurídicos celebrados – debe garantizar su derecho de audiencia y de defensa, mediante la manifestación de los descargos o justificaciones en relación con la conducta, la valoración de las pruebas que posean o soliciten, así como otorgándoles la oportunidad de controvertir las existentes”.

Las entidades administrativas gozan de la potestad para declarar el siniestro y establecer la cuantía del daño.

Según establece el artículo 1077 del Código de Comercio al tratarse de contratos de seguro celebrados por particulares, es el asegurado o beneficiario de la póliza a quien le corresponde acreditar ante la entidad aseguradora tanto la ocurrencia del siniestro como la cuantía o el monto del perjuicio, debiendo ésta determinar si reconoce o no su existencia. Así mismo, establece que se encuentra en cabeza de la aseguradora la carga de demostrar la existencia de los hechos o de las circunstancias eximentes o excluyentes de su responsabilidad frente a la ocurrencia del riesgo asegurado”.

“… La jurisprudencia de la Corporación ha entendido que en contratos de seguro celebrados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la celebración de un contrato estatal, el referido artículo 1077 del Código de Comercio tiene una aplicación matizada, pues el asegurado o beneficiario con la póliza constituida, en estos casos la entidad estatal, no se encuentra obligada a demostrar ante la compañía aseguradora ni la ocurrencia del siniestro ni la cuantía del perjuicio, sino que tiene la potestad de declarar su ocurrencia y fijar el monto de los perjuicios respectivos mediante un acto administrativo unilateral debidamente motivado”.

Adicionalmente, explicó la Sala, la competencia también deviene del artículo 4º numerales 5 y 6 que consagran los derechos y deberes de las entidades estatales, “entre los que se encuentra la posibilidad de exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajusten a los requisitos previstos en las normas técnicas y el de adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado”.

Arbitramento técnico.  Se acude cuando la disputa no tiene un contenido jurídico y el reparo recae sobre un determinado aspecto que solo opiniones de especialistas en determinada ciencia, arte u oficio puedan dirimir.

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