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Declaratoria de utilidad de pública del bien objeto de contrato de compraventa. No es una obligación contractual de la naturaleza del contrato de compraventa.
By: System Administrator on jueves, septiembre 10

La Sala pone de presente que los demandantes solicitaron la declaratoria de incumplimiento del contrato con el argumento de que el municipio no destinó el bien para los fines incluidos en la declaratoria de utilidad pública. Para la Sala es claro que dicha obligación no es de la naturaleza del contrato de compraventa, y que por lo tanto, no debería ser propia del análisis de la acción de controversias contractuales.

No obstante, aun si en gracia de discusión se aceptase el argumento de los demandantes, el municipio contaba con 5 años para destinar el bien a los motivos de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 9 de 1989. En ese caso, el término de caducidad de dos años habría empezado a correr el 28 de marzo de 2001 y finalizado el 28 de marzo de 2003. La demanda fue presentada el 28 de agosto de 2007, razón por la cual la acción de controversias contractuales estaba caducada.

Como la destinación del bien para sedes administrativas del municipio de Medellín no era una obligación de la naturaleza del contrato de compraventa, la acción que debieron iniciar los demandantes era la contenida en el artículo 34 de la Ley 9 de 1989, la cual les otorgaba un derecho de preferencia para la readquisición del inmueble. No obstante, como lo explicó el tribunal, los antiguos propietarios no la ejercieron, y según las pretensiones de la demanda formulada, tampoco tuvieron ánimo de recomprar el inmueble enajenado al municipio.

En todo caso, la acción ejecutiva del artículo 34 de la Ley 9 de 1989 también estaba caducada para la fecha de presentación de la demanda. La ley imponía un término de 2 meses posteriores a los 5 años con los que contaba la entidad para destinar el inmueble para los fines previstos en los actos administrativos de declaratoria de interés público. En el caso analizado, el plazo expiraba el 28 de mayo de 2001, y la demanda fue presentada el 28 de agosto de 2007. La norma “La obligación de las entidades públicas de vender preferencialmente a los propietarios anteriores o sus causahabientes será exigible judicialmente por la vía ejecutiva. Esta acción caducará dos (2) meses después del vencimiento del término de cinco (5) años previstos en el artículo anterior. Caducada la acción, cualquier persona interesada podrá exigir que dichos inmuebles se enajenen mediante licitación pública. Cuando un municipio o área metropolitana no hayan previsto la licitación pública para la venta de inmuebles, cualquier persona podrá demandar su venta en pública subasta, por la vía ejecutiva”.

Finalmente, si los accionantes consideraban que los actos administrativos que contenían los motivos de declaratoria de utilidad pública del inmueble adolecían de falsa motivación, debieron iniciar una acción de nulidad simple contra dichos actos administrativos. La Sala reitera que la acción de controversias contractuales es procedente para analizar el cumplimiento de aspectos propios del negocio de compraventa (cosa y precio), los cuales no fueron objeto de discusión en la demanda”.

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