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Lesión enorme. Aplicación en la contratación estatal.
By: System Administrator on martes, septiembre 8

 

¿Qué es la lesión enorme?

Aplicación en la contratación estatal

 

Esta Sala recuerda que la lesión enorme está consagrada en los artículos 1946 a 1954 del Código Civil, normativa a la cual se debe acudir por remisión expresa de los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el artículo 1947 del citado Código: “el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato”.

 

El contrato de compraventa puede rescindirse por lesión enorme, al tiempo que el comprador en contra de quien se pronuncia podrá completar el justo precio con deducción de una décima parte. A su vez, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la lesión enorme tiene plena aplicación en la contratación estatal, “siempre y cuando se cumplan con los supuestos jurídicos que prevé la ley[1].

Por su parte, la Ley 9 de 1989 estableció los “instrumentos para la adquisición voluntaria y expropiación de inmuebles”. En el asunto de la referencia las partes adelantaron y llevaron a término un procedimiento de enajenación voluntaria, en el cual el vendedor expresó, tanto en la promesa de compraventa, como en la respectiva escritura pública, su acuerdo sobre el precio y las condiciones del comprador, luego de haber aceptado el ofrecimiento de compra.

 

Precisamente, el artículo 14 de la Ley 9 de 1989 estableció que cuando las partes lleguen a un “acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de la oferta con el propietario, se celebrará un contrato de promesa de compraventa”, como en efecto ocurrió en el asunto sometido a consideración de la Sala.

 

El Tribunal Administrativo de Bolívar concluyó que no se había producido lesión enorme en la compraventa del inmueble objeto del presente caso, habida cuenta de que el precio había sido justo, sumado al hecho de que la entidad había adelantado el procedimiento administrativo respectivo, conclusión que comparte la Sala.

 

En efecto, cuando se observan las actuaciones adelantadas por la Aerocivil para la adquisición del predio, se identifica que la compraventa se basó en el precio que fuera señalado por la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena quien, previamente, había acudido al IGAC para conocer el valor del avalúo catastral del inmueble y determinar un precio para que pudiera presentarse la respectiva oferta, consideración que permite descartar la afirmación del demandante, quien señaló que el cálculo del metro cuadrado había sido estimado en un precio “inferior incluso al avalúo catastral del predio realizado por las autoridades distritales de Cartagena”. (…).

 

“Finalmente, con todo y las consideraciones objetivas propias de la lesión enorme, que se centran en el precio justo mas que en un eventual vicio del consentimiento, lo que reprocha la Sala es que, cuando se ha surtido un procedimiento administrativo como el que se estudia, en el cual el vendedor ha tenido la oportunidad de manifestar su acuerdo o desacuerdo y su consentimiento para que se lleve a feliz término el procedimiento administrativo de adquisición voluntaria, se busque reabrir, de manera extemporánea, una discusión relativa al precio”.



[1] Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 29 de agosto de 2012, exp. 22.307 y Sentencia de 15 de marzo de 2001, exp. 14415.

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