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Para que prosperen los reclamos de perjuicios ligados a la ejecución contractual o a modificaciones a la misma, es requisito necesario que el contratista haya reclamado oportunamente respecto a dicha
By: System Administrator on martes, septiembre 1

“No desconoce la Sala que ha sido postura reiterada de la jurisprudencia de esta Corporación considerar que además de la prueba de los hechos que han dado lugar a los perjuicios reclamados por el contratista, es necesario, para que prosperen sus pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, que el factor de oportunidad no las haga improcedentes[1].

En postura que hasta la presente se mantiene pacífica, esta Corporación ha insistido en que para que prosperen los reclamos de perjuicios ligados a la ejecución contractual o a modificaciones a la misma, es requisito necesario que el contratista haya reclamado oportunamente respecto a dicha ejecución o a los efectos adversos que las ampliaciones o ajustes al contrato le representaron”.

“En otro pronunciamiento, la Sección Tercera[2] precisó, en cuanto a la oportunidad para hacer efectivas las reclamaciones contractuales, lo siguiente:

 

 

Ahora, independientemente de que se haya generado un desequilibrio económico del contrato con ocasión del incumplimiento de las obligaciones negociales de la demandada, para la Sala es claro que para que sea procedente su restablecimiento, se encuentra en cabeza de quien lo pretende demostrar que la alteración económica del contrato es grave, que se sale de toda previsión y que no está comprendida dentro de los riesgos inherentes a la actividad del contrato que deban ser asumidos por el contratista.

 

Adicional a lo anterior debe cumplir con el requisito de oportunidad, es decir, debe presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes, dentro de las oportunidades que en el ejercicio de la actividad contractual ha tenido para restablecer el equilibrio económico que se ha visto roto, esto es, al momento de suscribir acuerdos como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc. y debe presentarlas ante la entidad contratante y no únicamente ante la entidad.

 

Y es que si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen ante la entidad contratante al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual.

 

Se considera, por tanto, como regla general que en cada modificación contractual va implícito el restablecimiento del equilibrio contractual, sin que exista oportunidad posterior, para quien no expresó su insatisfacción, de repararlo con fundamento en esos mismos hechos; máxime cuando, como en el presente caso, las partes suscribieron actas en las que de común acuerdo pactaron la modificación y adición de obras, su valor unitario y valor total, así como su entrega y recibo a satisfacción.

El silencio de las partes denota conformidad con lo pactado y “no pueden después venir a formular esas mismas reclamaciones en el acta de liquidación bilateral, pues si no fueron presentadas en su oportunidad ya en sede de liquidación final del contrato se estima que también son extemporáneas”[3].

La clara postura de la Corporación encuentra su fundamento en el citado artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y en el principio de buena fe que debe irradiar  la ejecución de todo contrato, consagrado a su vez en el artículo 1603 del Código Civil que prevé “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella” y en el artículo 871 del Código de Comercio que dispone “los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.

Principio, el de la buena fe, también aplicable al contrato estatal, toda vez que, expresamente el numeral 2º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 consagró que los contratistas “obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales” y el artículo 28 ibídem dispuso que “en la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrán en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.

Así las cosas, si el contratista concurre a suscribir actas de suspensión y reinicio de plazo, de modificaciones y recibos parciales y definitivos de obra a los precios unitarios pactados, sin expresar inconformidad o reclamo alguno, no puede posteriormente, conforme a los mandatos de lealtad y a los postulados de la buena fe, sorprender a su contratante con reclamaciones originadas en esas actuaciones para la cuales ya manifestó su voluntad y prestó su concurso.

 

Con otras palabras, se considera que la suscripción de contratos adicionales, modificatorios, otrosíes, suspensiones, actas, etc., en la ejecución del contrato son etapas preclusivas en las cuales sí las partes no formulan salvedad, reclamación u objeción alguna, en virtud del principio de buena fe se presume que el equilibrio económico del contrato se ha restablecido.

 

En éste orden de ideas, cuando no se presentan reclamaciones, objeciones o salvedades en ninguna de éstas etapas preclusivas y luego se formulan en el acta de liquidación bilateral, únicamente serán procedentes aquellas salvedades relativas a hechos posteriores a la última adición, modificación, suspensión o acuerdo que se haya suscrito entre las partes antes de llevar a cabo la liquidación bilateral, o aquellas que se generen al momento de la liquidación bilateral.”[4]

En relación con el silencio de las partes respecto a los efectos derivados de la prolongación del plazo contractual como efectos de las suspensiones de este, en pronunciamiento más reciente, pero que retoma la posición adoptada por esta Corporación de tiempo atrás, la Subsección B de la Sección Tercera indicó que:

Igualmente, cuando las partes determinen suspender el contrato deben definir las contraprestaciones económicas que para ellas represente esa situación, con el fin de precaver reclamaciones y la negativa al reconocimiento por parte de la entidad contratante, dado que en silencio de las partes ha de entenderse que las mismas no existen o no se presentan en caso de que éstas no las manifiesten en esa oportunidad. (…)

Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea ‘venire contra factum propium non valet’, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas”[5].

 

En otro pronunciamiento esta misma Sección expresó[6].:

 

De acuerdo con el criterio jurisprudencial expuesto, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por hechos previos conocidos a la fecha de suscripción de un contrato modificatorio, adicional o un acta de suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente esos hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea ‘venire contra factum propium non valet’, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas. 

Conforme con lo indicado, la oportunidad adecuada para realizar las correspondientes reclamaciones no es otra más que el momento en que las partes del contrato deciden suscribir suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales u otrosíes o cuando la entidad contratante obre de manera unilateral. Es en ese lapso, previo o concomitante, cuando se deben formular observaciones, reclamaciones, salvedades u objeciones por parte del contratista que considere afectados sus intereses legítimos por la forma como se ha ejecutado el contrato o se pretende ejecutar; de no hacerlo así, se entiende su aquiescencia con lo pactado y, a consecuencia de ello, no podría venir posteriormente a reclamar, por cuanto esas reclamaciones serían extemporáneas.

Por otro lado, el recurrente nunca invocó algún vicio que pudiera afectar su consentimiento al suscribir las actas de suspensión y reinicio del plazo contractual, así como en el recibo y entrega de obra parcial o definitiva o en los contratos adicionales. Dichos documentos gozan de plena validez y están llamados a producir plenos efectos, toda vez que expresan el libre consentimiento de las partes que deben ser responsables de sus propias actuaciones; los contratos estatales por génesis y esencia son serios, en consecuencia las partes no pueden desconocer lo que de manera libre, autónoma y espontánea han expresado, pactado y aceptado en ellos, toda vez que no les es lícito venir contra sus propios actos.      

 

Así las cosas, para que prosperen las pretensiones impetradas por la parte demandante, esta debe demostrar que sus reclamaciones recaen sobre circunstancias que no fueron resueltas con la suscripción de las diferentes actas o los otrosíes al contrato, es decir, si las reclamaciones recaen sobre circunstancias resueltas con la suscripción de dichos instrumentos jurídicos, no es posible posteriormente alegar la ruptura del equilibrio económico del contrato por cuenta de esas mismas circunstancias, por cuanto esos instrumentos tuvieron impacto en la recomposición del precio y, al no existir salvedad alguna del contratista se entiende que este consintió esa nueva recomposición.

 

En consideración de lo anterior, la parte demandante debió demostrar que su reclamación, a la luz de lo pactado en las actas y demás acuerdos suscritos durante la ejecución del contrato no fue resuelta.

 

Debe precisarse, no obstante, que la ausencia de salvedades o reclamaciones en los documentos suscritos por las partes durante la vigencia del contrato no impide, per se, su estudio de fondo. La ausencia de salvedades no constituye argumento suficiente para desechar de plano todas las pretensiones, siempre y cuando se demuestre con fundamentos que las mismas no fueron resueltas por las partes conforme con lo establecido en el inciso segundo del artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y que la actuación del demandante no constituyó una vulneración de la buena fe y lealtad con la que se debe actuar en la actividad contractual.

 

A contrario sensu, lo que justifica la denegatoria de tales pretensiones es el hecho de que en las actas u otrosíes suscritos por las partes ya se hayan solucionado las reclamaciones manifestadas por el contratista”.



[1] Consejo de estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de octubre de 2014, radicado 24809A. CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

 

[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2015, expediente 48947, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[3] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de julio de 2015, expedientr 37613. CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[4] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de julio de 2015, expediente 37613. CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[5] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 1996, expediente  10.151. C.P. Daniel Suárez Hernández. Esta postura fue reiterada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de septiembre de 2017, expediente 37.478. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

[6] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 2012, expediente 21.429. CP: Danilo Rojas Betancourth.

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