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Las excepciones en la Ley 1437 de 2011.
By: System Administrator on viernes, agosto 21

Excepciones en la Ley 1437 de 2011.

Es necesario recordar que las excepciones son medios de defensa dispuestos por el ordenamiento a favor de los demandados, ya que tienden, o bien a enderezar el procedimiento para evitar nulidades en el mismo, caso en el cual corresponden a impedimentos procesales que no atacan directamente a las pretensiones, o bien a desvirtuar las pretensiones elevadas en su contra por el demandante, en forma definitiva o temporal, caso en el cual constituyen un verdadero ataque a la cuestión de fondo[1].

Tipos de excepciones

Las excepciones que tienen el carácter de previas buscan el saneamiento del tránsito procesal, para efectos de llevar a buen término el proceso; por su parte, las perentorias se presentan cuando el demandado esgrime hechos distintos de los propuestos por la parte actora y que se dirigen a desconocer o atacar la existencia del derecho reclamado[2], estas pueden ser definitivas o temporales, ello en consideración a que pueden estar constituidas por situaciones fácticas que i) desvirtúan las pretensiones, al ser demostrativas de la inexistencia del derecho alegado por el demandante, bien sea porque el mismo nunca surgió a su favor o porque, habiendo existido, se extinguió, o ii) son demostrativas de que la reclamación del derecho resulta inoportuna, por estar sujeta a un plazo o condición que no se haya cumplido[3]. Finalmente, las denominadas excepciones mixtas consisten en hechos encaminados directamente a desvirtuar las pretensiones; no obstante, su distinción tiene relación en que son decididas de forma previa.

 

Procedimiento para resolverlas

Ahora, el legislador estableció en el actual procedimiento contencioso administrativo la resolución de las excepciones en dos etapas distintas. Las de carácter previo y mixto deben ser resueltas en el trámite de la audiencia inicial, mientras que las perentorias deben serlo, como es natural, al momento de proferir una decisión de fondo en la litis.

De ahí que, en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 el legislador estableció que el juez o magistrado ponente, en la audiencia inicial, podría resolver sobre las excepciones “previas” y las mixtas referidas únicamente a las de cosa juzgada, caducidad, transacción conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva y, en esa medida, dado que en lo relacionado con la determinación de las excepciones previas no existe una regulación en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se debe dar aplicación al artículo 100 del Código General del Proceso, en virtud de lo que ordena el artículo 306 del referido estatuto administrativo[4].

En esa medida, no cabe duda alguna de que las excepciones contempladas en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 100 del Código General del Proceso son de carácter taxativo, pues el legislador determinó de forma expresa y clara sobre qué tipo y cuáles de ellas podía pronunciarse el juez o magistrado sustanciador para ser resueltas en la audiencia inicial”.

Procedencia de la excepción de inepta demanda

No sobra reiterar que la excepción del numeral 5 del artículo 100 del CGP, esto es, la de inepta demanda, procede, únicamente, i) por falta de los requisitos formales dispuestos en el estatuto procesal, o ii) por indebida acumulación de pretensiones.

En el presente caso, resulta pertinente analizar que la parte recurrente arguye que las pretensiones planteadas por XXXX S.A.S no se encuentran debidamente formuladas, puesto que lo que en realidad intenta discutir la parte demandante es el presunto desequilibrio económico del Contrato 292 de 2015; por tanto, el demandante debió pedir la revisión de este y no la declaratoria de incumplimiento, es decir, que las pretensiones fueron formuladas con fundamento en una causal errada. Señala que también debió impugnarse el acta de liquidación del contrato, dado que los valores extra que se pretende reclamar están referidos a ese acto y no al contrato principal.

De acuerdo con lo anterior, el demandado plantea la excepción de indebida acumulación de pretensiones porque, según su entendido, la demanda no concuerda con lo que realmente pretende reclamarse, además, la solicitud presentada no reúne los requisitos legales, dado que debió haberse planteado como se propone y no como lo hizo la parte demandante.

Ahora bien, a juicio del Despacho, no se incurrió en este caso en una indebida acumulación de pretensiones. Es necesario recordar que esa excepción se refiere al cumplimiento de los presupuestos normativos contenidos en el artículo 88[5] del Código General del Proceso, con lo que sí se cumplió en la presente demanda.

También debe tenerse presente que es la parte demandante quien tiene la facultad de plantear los supuestos de hecho y de derecho bajo los que solicita el reconocimiento de sus derechos. Entonces, no puede la parte demandada pretender que prospere la excepción previa de inepta demanda, con fundamento en que debieron formularse otras pretensiones, o cambiarse los supuestos de la demanda.

Por otra parte, la demanda cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 162 y 163 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dado que en ella se enumeraron y clasificaron correctamente los hechos; y se señaló claramente la pretensión principal, que no era otra que la declaración de incumplimiento del Contrato no 292 de 2015, por parte de la Agencia XXXX. Asimismo, los demás supuestos de admisibilidad están debidamente consignados con claridad y precisión, de manera que no se genera ambigüedad respecto de lo planteado en la demanda”.



[1] De acuerdo con el profesor Devis Echandía se tiene que “la excepción es una especial manera de ejercitar el derecho de contradicción o defensa en general que le corresponde a todo demandado, y que consiste en oponerse a la demanda para atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de hecho, que persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos”. DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de derecho procesal, Teoría general del proceso, Tomo I, 13ª edición, Diké, Medellín, 1994. Pág. 245

[2] AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, Editorial Temis, 8ª ed., 2002, págs. 316 y 317.

[3] Para el tratadista Hernán Fabio López Blanco, las excepciones perentorias pueden agruparse en tres, así: “Pueden agruparse las excepciones perentorias en tres grandes grupos: 1. Excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el nacimiento del derecho base de la pretensión, o aceptando en alguna época su existencia se afirma su extinción, en fin cualquiera de los medios típicos y atípicos de extinción de las obligaciones. 2. Excepciones perentorias temporales, en las cuales el derecho pretendido existe, no se ha presentado ninguna causa que lo extinga, pero se pretende su efectividad antes de la oportunidad debida para hacerlo, como cuando se demanda el cumplimiento de una obligación estando aún pendiente el plazo pactado o sin cumplirse la condición estipulada. 3. Excepciones perentorias de raigambre netamente procesal cuando no existe legitimación en la causa respecto de cualquiera de las partes como sucede, por ejemplo, si quien demanda no está asistido por el derecho sustancial o cuando estándolo la dirige contra quien no es el obligado, hipótesis que es diversa de las dos anteriores pues las primeras parten de la base de que la relación jurídico material se dio entre las partes, mientras que en la última jamás ha existido”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Parte General. Tomo I. Bogotá. Dupré editores. 2005, p. 555.

[4] Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 21 de marzo de 2017, expediente 57.341. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico

[5]Artículo 88. Acumulación de pretensiones. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento (…)”.

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