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Reclamaciones del contratista. Pago de intereses moratorios por incumplimiento por parte de la entidad pública.
By: System Administrator on jueves, agosto 13

Pago de intereses moratorios por incumplimiento por parte de la entidad pública.

Por último, como quiera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no realizó pronunciamiento alguno sobre las pretensiones relativas al pago de intereses moratorios, lo cual puso de presente el recurrente en sus alegatos de conclusión, corresponde a la Sala, de conformidad con el inciso segundo del artículo 311 del Código de Procedimiento Administrativo, pronunciarse al respecto.

Para calcular la condena respectiva originada en el incumplimiento que encontró acreditado el juzgador de primera instancia, se resolvió realizar la indexación monetaria del valor a pagar; sin embargo, se omitió la resolución de la pretensión de condena a intereses moratorios. Al respecto, la Sala encuentra que le asiste razón al recurrente, habida consideración de que, si se consideraba que la administración había incumplido su obligación, la misma debía generar intereses moratorios desde que el deudor se constituyó en mora (artículos 1608, 1615 y 1617 del Código Civil), en concreto, de conformidad con la respectiva pretensión, desde el acta de liquidación del contrato, esto es, desde el 23 de diciembre de 2008. Por lo anterior, corresponde a la Sala realizar el respectivo cálculo de intereses de mora, lo que se hará, ante la ausencia de pacto contractual, con la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, al que se refiere el artículo 4 numeral 8 de la Ley 80 de 1993, y sobre el valor que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca identificó como monto adeudado ($ XXXX), previo a la correspondiente indexación, cálculo que se efectúa a continuación, desde la fecha de suscripción del acta de liquidación”.

Omisión del contratista de expresar sus inconformidades y de presentar las respectivas reclamaciones cuando suscribió los contratos adicionales y la suspensión contractual.

“… el incumplimiento contractual de una entidad pública constituye una clara manifestación de responsabilidad, cuyo fundamento, en palabras de la propia Corte Constitucional, se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Dicho incumplimiento implica la falta de ejecución, la ejecución tardía o la ejecución defectuosa de las obligaciones contractuales, situación que se opone al cumplimiento contractual, que ocurre cuando el deudor adecúa su conducta al contenido de la prestación que emana del negocio jurídico”.

 “Pues bien, cuando se analiza la pretensión de declaratoria de desequilibrio contractual en el asunto de la referencia, se concluye que la misma no cumple, si quiera, con la identificación de los requisitos para su procedencia, habida consideración de que no se realizó ningún esfuerzo argumentativo para identificar sus causas. Por el contrario, se observa que las manifestaciones del contratista estaban dirigidas a identificar el incumplimiento de la entidad, el que ya fue declarado y reconocido por el juzgador de primera instancia (y sobre el que esta Sala no realizará ninguna consideración en razón a los motivos de apelación y a la condición de apelante único de la parte demandante). Se observa, entonces, que el actor pretendió que las mismas razones ocasionaran, al tiempo, una declaratoria de incumplimiento (que se insiste, ya se produjo), y una especie de reconocimiento adicional de desequilibrio contractual.

En este sentido se debe indicar que el recurrente, no solo, no identificó cuál sería la razón del pretendido desequilibrio, sino que no acreditó las condiciones para que pudiera predicarse su configuración en el caso concreto. Así, no identificó una excesiva onerosidad sobrevenida, ni una actuación posterior, bien de la propia entidad como contratante o en su condición de entidad pública, bien imprevisible y ajena a la voluntad de las partes, que hubiera podido ocasionar el supuesto desequilibrio de la ecuación económica del contrato.

Con todo y que la anterior consideración resulta suficiente para despachar, de manera desfavorable, la pretensión del recurrente, se debe recordar que esta Corporación ha señalado, en diversas oportunidades que, cuando las partes, en ejercicio de la autonomía negocial, celebran contratos adicionales en los que no se manifiesta ninguna salvedad, ni se realiza ninguna reclamación, en aplicación de la buena fe negocial, no se puede pretender desconocer ese acuerdo28. Por ello, resultaría contrario a los postulados de la buena fe no ponerle de presente a la administración, de manera oportuna, los eventos que pudieran estar afectando la economía del contrato cuando se celebraron acuerdos para viabilizar, precisamente, la ejecución contractual.

De manera que, si bien el contratista expresó a la administración algunas inconformidades relativas a asuntos relacionados con incumplimientos contractuales, la actividad contractual posterior por él desplegada, al suscribir los contratos adicionales, dejaba clara su conformidad para continuar ejecutando sus obligaciones por el valor y bajo las condiciones inicialmente pactadas, en especial cuando, como lo señaló el Ministerio Público, en todas las adiciones se pactó que quedarían vigentes todas las estipulaciones que no se hubieran modificado por lo acordado en esos documentos, por lo que, tal y como ha sido sostenido con anterioridad por el Consejo de Estado “mal haría la Sala en desconocer esos acuerdos donde las partes libremente acordaron las fórmulas para viabilizar el contrato, sin ningún tipo de salvedad”29.

De manera adicional, a propósito de algunas afirmaciones del actor en su demanda, la Sala recuerda la modificación que sufrió la Ley 80 de 1993 con ocasión de la expedición de la Ley 1150 de 2007. El Estatuto de Contratación Estatal, en su artículo 3, señalaba que “[L]os particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. El apartado subrayado fue eliminado, por lo que, incluso, si en gracia de discusión se hubiese podido llegar a entender (de manera equívoca) una especie de garantía de utilidades para todos sus cocontratantes, siempre y en todos los casos en los que el Estado celebre un contrato; con posterioridad al año 2007 (se recuerda que la demanda se presentó el 23 de julio de 2010) no se entendería cómo el contratista pretende reclamar, en sede judicial, un pretendido “derecho a obtener una utilidad razonable”, en especial cuando no realizó ningún esfuerzo por identificar la forma en la que la ejecución contractual afectó, de manera grave, la ecuación contractual y su pretendida utilidad (comúnmente identificada dentro del llamado AIU -administración, imprevistos y utilidades-), y la manera en la que la supuesta afectación contractual superó lo presupuestado en dicho rubro".

Pago de intereses moratorios por incumplimiento de la entidad pública. 

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