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Modificación del contrato estatal. Contratista NO puede hacerla de manera unilateral. Prórroga automática en contratos de naturaleza privada. Caducidad de la acción.
By: System Administrator on lunes, agosto 3

Lo primero que indicó la Sala, es que el contrato celebrado por las partes – estaba sometido al derecho privado– tenía cláusula de prórroga automática –cláusula séptima– y no se allegó prueba de que se hubiere querido dar por terminado. Entonces, para efectos de la caducidad, cuando se promovió la demanda aún estaba en ejecución y por lo tanto ésta no había operado.

Ahora, en el proceso quedó probado que “la Corporación Autónoma XXXX y el Acueducto XXXX suscribieron un contrato para la facturación conjunta del servicio de alcantarillado, que prestaba el primero, con el servicio de acueducto, que prestaba el segundo. El recaudo quedó a cargo de la empresa y la corporación alegó incumplimiento en la transferencia de los recursos provenientes de ello”.

“En efecto, se tiene que una vez la XXXX S.A. E.S.P. recaudaba el dinero debía entregarlo en las fechas estipuladas en el contrato a la Corporación Autónoma Regional XXXX, traslado que en un principio no representaba ninguna carga económica para las partes. Sin embargo, en 1999 y 2000 las transacciones financieras quedaron sujetas a un gravamen del dos por mil8, entre 2001 y 2003 la tarifa fue de tres por mil9 y entre 2004 a 2007 la tarifa que rigió fue de cuatro por mil10. En consecuencia, el gravamen se causaba cada vez que la XXXX S.A. E.S.P. hacía transferencias a las cuentas bancarias de la Corporación XXXX para entregar el dinero recaudado”.

La Sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró el incumplimiento contractual por parte del Acueducto al considerar que “dejó de transferir el recaudo en los términos pactados”.  En este sentido dijo la Sala:

“El recaudador descontó sin soporte contractual unos valores que en principio debía asumir, ya que era el sujeto pasivo de la contribución, impuesto o gravamen según las disposiciones que resultaban aplicables.

En efecto, los artículos 29 y 31 del Decreto 2331 de 1998 dictaminaban que el titular de una cuenta de ahorros o corriente causaba la contribución sobre transacciones financieras si disponía del dinero que tenía depositado. Los artículos 116, 118 y 119 de la Ley 508 de 1999 –ratificados por el artículo 17 de la Ley 608 de 2000– establecían que el titular causaba el impuesto cuando dispusiera del dinero depositado en su cuenta. Los artículos 870, 871 y 875 del Estatuto Tributario –adicionados por la Ley 633 de 2000– preveían que el usuario del sistema financiero causaba el gravamen cuando efectuara transacciones.

De esta forma, si bien el contrato estuvo precedido de un análisis de las circunstancias que rodearían la ejecución y podían afectarla, lo cierto es que se presentó una situación ajena a ese ejercicio. Para superar el impase el contratista no podía mutu proprio descontar un coste que a su juicio afectaba la ganancia que el contrato le supondría, debía acudir al juez del contrato para que dirimiera la situación.

En efecto, el contrato es ley para las partes, solo estas pueden de mutuo acuerdo variar su alcance y, a falta de arreglo, el juez del contrato dirime la controversia11 –la administración también puede modificar el contrato, pero este no es el caso–. Así pues, si el recaudador consideraba que no debía asumir el valor del gravamen debía informarlo a su contraparte, a efectos de buscar soluciones y, llegado el momento, el afectado podía perseguir el reajuste por vía judicial, ya que ningún contratante debe ser ajeno a las cargas que debe asumir el contratista para cumplir el contrato12.

Sin embargo, las partes no llegaron a ningún acuerdo y el recaudador descontó el costo derivado de las transacciones financieras del valor recaudado, por manera que desconoció el clausulado que le imponía entregar lo recaudado y que solo le permitía descontar su comisión”.

“Así las cosas, el demandante acreditó el incumplimiento de su contraparte, ya que esta obró a espaldas de los compromisos adquiridos por virtud del contrato, situación que no estuvo motivada, precedida, condicionada o tolerada por actuaciones del contratante. Asimismo, probó los perjuicios económicos que el incumplimiento le produjo”. 

Se condenó al Acueducto a pagar a la Corporación más de 1.000 millones de pesos.  

Solo las partes pueden camiar de mutuo acuerdo el contrato estatal y variar su alcance. Si no hay acuerdo deben acudir al Juez del contrato. Contratista no puede hacerlo unilateralmente.

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