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Mora en el pago de obligaciones. Silencio administrativo.
By: System Administrator on jueves, junio 25

Mora en el pago de obligaciones contractuales. Se modifica la sentencia condenatoria de primera instancia. Está acreditado el incumplimiento de los contratos. Está probada la mora; sin embargo, la Sala aplicará la cláusula contractual para el cómputo de intereses. El propósito del silencio administrativo no es suplir las voluntades de las partes en un contrato.

La Sala confirmó que el IDU incumplió los contratos 294, 340 y 305 y fijó el valor por intereses moratorios que la entidad adeuda al contratista. Se apartó de la interpretación del Tribunal sobre el momento en que deben computarse los intereses moratorios y, sobre ese particular, adoptó la tesis del IDU. De acuerdo con la cláusula de intereses moratorios pactada en los contratos, el IDU debía pagar intereses moratorios si no cancelaba las sumas adeudadas al contratista en los 45 días siguientes a la radicación de las cuentas de cobro.

La Sala consideró que los 45 días previstos en la cláusula de intereses moratorios corren desde la fecha de radicación de las actas de obra ante el IDU, y no después de transcurridos tres meses a la fecha de su radicación, como consideró el Tribunal de primera instancia.

 

El Tribunal aplicó la figura del silencio administrativo positivo prevista en el numeral 16 artículo 25 de la Ley 80 de 1993, bajo el entendido de que el contrato no incluía un plazo para que el IDU aprobara las actas de obra. Esta conclusión es equivocada por dos razones: en primer lugar, porque el propósito del silencio administrativo no es suplir las voluntades de las partes en un contrato. En segundo lugar, porque en materia de exigibilidad de las obligaciones, el juez administrativo debe aplicar las normas del Código Civil a la controversia. En este sentido, cuando las partes no han sometido el cumplimiento de una obligación a un plazo, el deudor está obligado a cumplirla de manera inmediata o dentro del término que sea <<indispensable para cumplir>>, como lo contempla el artículo 1551 del Código Civil. Además, solo puede considerarse que el deudor cuenta con un término para pagar cuando haya sido pactado o cuando esté previsto en la ley.

Para la Sala es claro que sí existía un término contractual, y que éste era de máximo 45 días hábiles, el cual debía computarse desde el momento en que el contratista radicaba las actas de obra ante la entidad. En estas condiciones, de no objetar el cobro, una vez transcurrido ese lapso la entidad tenía la obligación de pagar intereses moratorios.

Esta interpretación fue reconocida también por el IDU, entidad que en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación solicitó que se computara el término de intereses moratorios desde la fecha de radicación de las actas de obra en la entidad.

Por otro lado, la Sala advierte que el Tribunal aplicó una tasa de mora que aduce desprender del IPC, la cual aplica doblemente el IPC sin consideración del tiempo de la mora. En un primer momento, para actualizar el valor adeudado y, posteriormente, para calcular la mora”.

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