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Facultades de cobro coactivo delegadas a particulares. No es posible atribuir funciones propias del cobro persuasivo o el cobro coactivo a particulares mediante la modalidad de selección de contrataci
By: System Administrator on martes, junio 4

La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido de antaño[4] que las facultades de cobro coactivo no pueden ser totalmente conferidas a un particular, porque al hacerlo se vacía el contenido de la competencia constitucional originariamente atribuida a la administración tributaria. También ha precisado que, únicamente, es posible conferir a los particulares el ejercicio de las actividades de preparación, instrumentación o proyección de documentos, siempre que se respete el procedimiento establecido en los artículos 110 a 114 de la Ley 489 de 1998. Por consiguiente, los actos del cobro coactivo en sentido propio, como lo son la expedición del mandamiento de pago, la notificación del mandamiento de pago, la investigación de bienes de los deudores y la práctica de embargos y secuestros, la decisión de excepciones presentadas por el deudor y la celebración de acuerdos de pago, entre otros, no pueden ser entregados a particulares[5].

62. Con relación al cobro persuasivo tributario, por ser una fase anterior a aquella en donde realmente se despliega el poder público de la entidad y en donde se intenta un acercamiento preliminar entre la Administración y el contribuyente para que este último pague sus obligaciones, se ha permitido que esta función sea entregada a particulares, siempre y cuando se cumpla con las previsiones de los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998[6] (…)”.  

“… no es posible atribuir funciones propias del cobro persuasivo o el cobro coactivo a particulares mediante la modalidad de selección de contratación directa".

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"...Como recién se explicó, esta transferencia de funciones debía efectuarse respetando los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998, normas imperativas para la atribución de funciones a particulares. Es decir que, la contratación, además de requerir la expedición del acto administrativo a que hace referencia el numeral primero del artículo 111 de la Ley 489 de 1998, debía hacerse mediante una licitación pública, y no mediante contratación directa, como en efecto se hizo”.

El hecho de eludir el procedimiento de selección objetiva aplicable al contrato constituye un desconocimiento abierto de los principios que rigen la contratación estatal, en especial, el de transparencia, según el cual “las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto””.

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